La Contraloría General de la República del Perú indicó que iniciará una intervención para esclarecer supuestas incongruencias en contrato y adendas ligadas al Puerto de Chancay, razón por la cual informó que se acreditará un servicio de control de cumplimiento el viernes 13 de febrero.

Al respecto, el contralor César Aguilar calificó la situación como delicada. “Empezamos a revisar el tema del Puerto de Chancay desde el inicio porque hay cosas que creemos no son congruentes. Desde el contrato, las adendas y también hay que considerar el reciente fallo vinculada a la acción de amparo a favor de Cosco Shipping“, comentó la autoridad a Gestión.

El titular de la Contraloría cuestionó la cantidad de adendas que se han incorporado al proyecto, afirmando que estos documentos deben funcionar como complementos y no como una sustitución de una “manifestación de voluntades”, ya que ello requeriría un nuevo contrato.

Asimismo, señaló que el contrato original es bastante breve, razón por la que resultaría injustificada el volumen de modificaciones que se realizaron.

Aguilar indicó que la investigación se centrará específicamente en cuatro puntos críticos detectados por la Contraloría, resaltando la exclusividad otorgada a Cosco Shipping por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a pesar de que el puerto es una infraestructura de uso público.

El contralor también indicó que se ha observado que se otorgó la habilitación portuaria sin contar con los estudios técnicos requeridos y se sugiere un presunto beneficio indebido hacia el inversionista privado.

De acuerdo con lo señalado a Gestión, la inversión podría haberse visto favorecida de manera irregular, con un beneficio estimado de alrededor de USD 8 millones para la empresa involucrada.

Por otro lado, la Contraloría informó que también se realizarán servicios de control en otros puntos del país, como en Marcona (Ica), donde existen denuncias sobre una presunta privatización de recursos públicos.

Lo anterior se suma a otras intervenciones recientes en regiones como La Libertad, donde se detectaron irregularidades en seguridad ciudadana, educación y el funcionamiento de hospitales.