Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters
La Corte Suprema de Panamá ha anulado contratos portuarios clave mantenidos con Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, dejando incierta la futura propiedad de algunas operaciones del Canal de Panamá y posiblemente afectando sus planes de vender ciertos terminales.
PPC ha tenido contratos desde la década de 1990 para operar terminales de contenedores en las entradas del canal por el Pacífico y el Atlántico, independientes de las operaciones de la vía acuática.
La decisión podría alterar la propuesta de venta de 23 mil millones de dólares de CK Hutchison de decenas de puertos en todo el mundo, incluidos los terminales panameños, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC).
PPC señaló que no había sido notificada de la decisión del tribunal, pero consideraba el fallo inconsistente con el marco legal y las leyes que le habían permitido operar los puertos.
“El nuevo fallo carece de fundamento legal y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, así como el estado de derecho y la seguridad jurídica en el país”, comunicó la empresa.
La filial de CK Hutchison afirmó que había invertido 1.800 millones de dólares en infraestructura y tecnología durante casi tres décadas de operación en los puertos panameños.
Además, apuntó que “se reserva de manera permanente todos los derechos, incluido el recurso a procedimientos legales nacionales e internacionales”.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró en una conferencia de prensa regular que el país “tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar de manera resuelta los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”.
El gobierno de Hong Kong expresó en un comunicado su fuerte desaprobación del fallo. “El gobierno se opone firmemente a que cualquier gobierno extranjero utilice medios coercitivos, represivos u otros métodos irrazonables en las relaciones económicas y comerciales internacionales para dañar gravemente los intereses comerciales legítimos de las empresas de Hong Kong”, señaló.
Las acciones del conglomerado, cotizadas en Hong Kong, cerraron con una caída del 4,6% tras el fallo. El índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 2,1%.
“Esperaría una debilidad a corto plazo en CK Hutchison hasta que logren definir una nueva estructura de venta”, expresó David Blennerhassett, estratega de Ballingal Investment Advisors que publica en Smartkarma.
“Esa nueva estructura podría retrasarse sustancialmente dependiendo de cómo evalúen las opciones frente a esta decisión judicial”, agregó.
Inconstitucional
La Corte Suprema señaló que, tras una “deliberación extensa”, determinó que las leyes y actos que sustentaban el contrato de concesión entre el Estado y Panama Ports Company para el desarrollo, construcción, operación y administración de los terminales de Balboa y Cristóbal eran inconstitucionales.
El fallo llega en medio de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por las rutas comerciales globales y se interpreta como una victoria para Washington, donde el presidente Donald Trump ha impulsado limitar la influencia china sobre el Canal de Panamá, que transporta alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.
Trump había celebrado el acuerdo propuesto para vender los puertos, especialmente las operaciones panameñas, como una victoria, ya que trasladaría los activos comerciales a una propiedad mayoritariamente estadounidense.
Sin embargo, China había amenazado con bloquear el acuerdo por no estar alineado con su interés nacional. Presionó para que la naviera estatal Cosco Shipping Lines tomara una participación de control en la operación de compra, según dijeron previamente fuentes a Reuters.
CK Hutchison había estado esperando que la Corte Suprema emitiera un fallo definitivo sobre la validez legal de sus contratos, después de que la fiscalía local determinara que eran “inconstitucionales”.
Los críticos de los contratos, que fueron prorrogados en los últimos años, también argumentaban que perjudicaban a Panamá.
La decisión de la Corte Suprema podría obligar al país a reestructurar el marco legal necesario para mantener contratos de operación portuaria y posiblemente requerir nuevas licitaciones para administrar los terminales.
Garantizar operaciones portuarias ininterrumpidas es crucial para las navieras que dependen de Panamá como centro de transbordo, donde los contenedores se transfieren entre buques que sirven múltiples rutas.
En julio, el presidente panameño José Raúl Mulino dijo que asociaciones público-privadas podrían hacerse cargo de los dos puertos si el tribunal invalidaba los contratos con CK Hutchison.
Analistas han señalado la probabilidad de que Panama Ports presente una queja de arbitraje tras perder el caso.
