Por Redacción PortalPortuario.cl
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Los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Hacienda, Seguridad Pública y Comercio Exterior de Costa Rica anunciaron el inicio formal de operaciones del Centro de Inspección Remoto (CIR). El sistema ha comenzado con el análisis del escáner del Terminal de Contenedores de Moín, operado por APM Terminals y se extendería a otros puntos de inspección en el país centroamericano.
La implementación del CIR comenzó en agosto de 2018 con el desarrollo de infraestructura física y tecnológica, procedimientos y protocolos conjuntos y la capacitación de personal de la Dirección General de Aduanas, el Servicio Fitosanitario del Estado, el Servicio Nacional de Salud Animal y el Ministerio de Seguridad Pública, que operará dicho centro de monitoreo.
En una primera etapa, las autoridades analizarán imágenes del escáner de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), sin embargo, está previsto que conforme se vayan instalando otros equipos de inspección no intrusiva en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos terrestres, estos interoperen con el CIR de manera integral.
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, señaló que “si bien este esfuerzo no forma parte de los compromisos del Gobierno en el contrato de concesión con la empresa APM Terminals, el proyecto fue promovido para apoyar las labores de control de las instituciones y dar un mayor aprovechamiento al escáner de la Terminal de Contenedores de Moín (TMC)”.
El Viceministro de Comercio Exterior y Presidente del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (Conafac), Duayner Salas, celebró el arranque de este proyecto, el cual responde a un esfuerzo interinstitucional.
“Desde Comex y Conafac promovemos la facilitación del comercio, que procure un ejercicio de la seguridad y los controles más eficiente, además de menores costos y tiempos asociados a los procesos en fronteras, aeropuertos y puertos, en mejora la competitividad de nuestro país”, expresó Salas.
El CIR constituye una herramienta que apoya las labores de control y no sustituye en ninguna medida la labor de gestión de riesgo que realizarán las autoridades competentes.
