La Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR) declaró “sin lugar” el recurso de revocatoria planteado por el Instituto Constarricense de Puertos del Pacífico (Incop) contra un informe de fiscalización que señaló vacíos en el control de la concesión del Puerto de Caldera (Costa Rica).

El referido documento fue publicado en noviembre de 2021 por la autoridad contralora, en donde advirtió que al Incop le corresponde garantizar que los servicios concesionados, a cargo de la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), se ofrezcan de una manera que satisfaga a los usuarios mediante adecuados rendimientos en las operaciones, según Costa Rica Hoy.

Pero, según el análisis de la CGR esa dependencia no ha establecido suficientes indicadores para controlar la gestión de todos los servicios portuarios que ofrecen los concesionarios de Caldera.

Después de conocer el escrito, el presidente ejecutivo de Incop había planteado el recurso de revocatoria en diciembre de 2021, que finalmente fue rechazado por el ente contralor, al considerar que la entidad no aportó elementos técnicos o jurídicos que obligaran a reconsiderar lo expuesto en el informe.

Un estudio sobre la percepción de los servicios portuarios de Caldera, realizado por la Secretaría de Fiscalización en 2019, concluyó que el 58% de los usuarios califican la calidad de los servicios portuarios entre “pésimos y regulares”.

La CGR reveló que, para el cálculo de las productividades de los procesos de descarga de mercancías a granel, la unidad técnica utiliza fórmulas que no se ajustan estrictamente a lo establecido contractualmente. Lo anterior, distorsiona la percepción de eficiencia que realmente logra el concesionario en el servicio de descarga de mercancías a granel.

También, el estudio fiscalizador estableció que el Incop no ha definido ninguna acción concreta para solventar la problemática existente en relación con la infraestructura del puerto, pese a que cuenta con informes internos que evidencian que la inversión actual para el mantenimiento del puerto resulta insuficiente y el rezago de la infraestructura portuaria se calcula en más de dos millones de dólares.