Por 98 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 575 que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, la adopción de medidas para potenciar la actividad portuaria.

La solicitud fue presentada a la Cámara por un grupo transversal de legisladores compuesto por Andrea Molina (UDI), Iván Fuentes (IND), María José Hoffmann (UDI), Matías Walker (DC), Renzo Trisotti (UDI), David Sandoval (UDI), Marcela Hernando (PRSD), Aldo Cornejo (DC) y Jorge Ulloa (UDI).

Según señala el documento, es necesario hacerse cargo de las externalidades que genera la actividad marítima-portuaria, lo cual, indicaron, se puede materializar en el corto plazo, mediante la incorporación de una glosa presupuestaria en la Ley de Presupuesto del año 2017, para que parte de los recursos que se dirigen a los gobiernos regionales sean destinados a las regiones en las que se localizan los puertos.

La idea, tal como aclararon, es que “estos puedan ser aplicados por las autoridades regionales y comunales para el financiamiento de obras de desarrollo y para que las ciudades sean más eficientes en aumentar la carga que llega a los puertos contribuyendo, además, de esta manera al proceso descentralizador que debe tener nuestro país”.

En esta línea, los diputados manifestaron, también, que es necesario presentar un proyecto de ley mediante el cual se cree una Subsecretaría de Asuntos Portuarios, como órgano desconcentrado funcionalmente del Ministerio de Transporte o de aquel que se considere más apropiado, en atención a la experiencia en la aplicación de la Ley 19.542, constituyéndose como una herramienta de política activa que favorezca la producción nacional, que aumente la eficiencia de todo el sistema portuario, a través del control de las actividades y servicios que mejoren las condiciones de comercio exterior.

Lo anterior, resaltaron, con el fin de concentrar en un organismo toda la competencia de la actividad portuaria y cuyas principales funciones estén enfocadas al diseño de políticas públicas para el fomento económico de la actividad y la fiscalización de la misma.