Por Redacción PortalPortuario
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El conflicto laboral en Puerto Coronel, que ya suma 50 días, y el paro de los camioneros de la Federación Fuerza del Norte, que tuvo su inicio la mañana del lunes, ha tenido un “trato diferenciado” por parte del Gobierno, según acusaron dos diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
De acuerdo a un comunicado de la tienda gremialista, los diputados Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso cuestionaron que, por un lado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, “amenazó” a los transportistas y, por otro, la Ministra del Trabajo, Jeanette Jara, llamó a la empresa “a buscar soluciones” con los portuarios.
Los parlamentarios, en ese sentido, tacharon de incoherente al Gobierno y de una posible situación de “discriminación”, razón por la cual ambos legisladores instaron al Ejecutivo, pero -específicamente- al Subsecretario Monsalve y a la Ministra del Trabajo a “no imponer su pensamiento e ideología” en la solución de los
dos conflictos, emplazándolos a actuar de manera “imparcial” y “sin sesgos” con ambos sectores.
“Es absolutamente inaceptable que las actuales autoridades estén aplicando un trato diferenciado en las dos movilizaciones que actualmente existen en nuestro país, porque mientras el subsecretario Monsalve amenaza con aplicar todo el rigor de la ley contra el gremio de camioneros, que lo único que están exigiendo es poder trabajar con mejores condiciones de seguridad, la ministra Jara llama a buscar una solución con los trabajadores portuarios, ignorando que mantienen bloqueado hace casi dos meses los accesos al terminal marítimo y que le han impedido a más de 600 funcionarios ingresar a cumplir sus labores. Por lo tanto, es evidente la discrepancia que existe entre ambas posiciones y la falta de imparcialidad con la que ha actuado el Gobierno”, criticaron los legisladores, de acuerdo a un comunicado.
“No puede ser que el Gobierno amenace con aplicar mano dura contra un gremio que inició una paralización parcial y limitada, mientras que con otro sector, que lleva más de 50 días en esta situación, actúen de manera absolutamente pasiva y temeraria, aparentemente por razones políticas e ideológicas”, agregaron los legisladores.
“Las actuales autoridades tienen que comprender que ya no forman parte de los movimientos sociales y no pueden estar validando las movilizaciones, como lo hicieron sistemáticamente cuando eran oposición. Hoy tienen la obligación de garantizar el orden público y no pueden seguir actuando de forma imparcial, como ha quedado en evidencia esta semana”, reiteraron los parlamentarios gremialistas en su declaración.
