La  Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) dio a conocer este martes que instauró un proceso administrativo para investigar una supuesta práctica de cartel internacional en el transporte marítimo con efectos en Brasil realizado por naves tipo Roll On Roll Off (RoRo).

En su comunicado, el organismo informó que fueron investigadas las navieras Compañía Sud Americana de Vapores, Grimaldi Group SpA, Hoegh Autoliners Hondings SA, Kawasaki Kisen Kaisha, Eukor Car Carriers, Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha, Nissan Motor Car Carriers Co, Ltda y Wallenius Wilhelmsen Logistics.

La Superindentendencia aclaró que en el caso de la Compañía Sud Americana de Vapores alcanzó un acuerdo el pasado 25 de noviembre.

“En 25 de noviembre de 2015, el Tribunal do Cade homologó los términos de Compromiso de Cese (TCC) firmados con la Nippon, la Compañía Sud Americana de Vapores y la Kawasaki. Ya en el día 3 de febrero de este año, por medio de despacho de la presidencia del Cade, 13 personas físicas adhirieron al TCC celebrado con la Nippon”, indicó la Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

El ente regulatorio afirmó que “el proceso administrativo quedará suspendido en relación a esos representados que firmaron el TCC con autonomía hasta el juicio final del caso. Por los acuerdos, serán recogidos al Fundo de Direitos Difusos (FDD) del Ministerio de Justicia más de R$29 millones a título de contribición pecuniaria”. 

“Con la instauración del proceso administrativo, los acusados serán notificados para presentar sus defensas. Al final de la instrucción procesal, la Superintendência-Geral opinará por la condena o arhivo y remitirá el caso para el juzgamiento por parte del Tribunal Administrativo do Cade, responsable de la decisión final”, agregó la entidad.

Según la Superintendência-Geral do Conselho Administrativo Defesa Econômica, “hay indicios robustos de que la conducta anticompetitiva contaría con la participación de las mayores empresas transportadoras marítimas del mundo”.

La colusión tenía como finalidades básicas usar clientes de modo de conservar la posición establecida para cada transportadora junto con su principal cliente y, de ese modo, mantener o aumentar los precios, inclusive, con resistencia conjunta a solicitudes de los clientes para reducciones en los precios. 

Según la entidad regulatoria, algunas de esas prácticas habrían tenido lugar en Brasil y otras en el exterior, pero con potencial de afectar al territorio brasileño al involucrar rutas que tenían a ese país como origen, destino o escala. 

De acuerdo a la Superintendencia, las prácticas eran conducidas por, a lo menos, unas 80 personas físicas ligadas a las empresas investigadas y habrían sido implementadas por medio de reuniones presenciales, llamadas telefónicas e intercambio de correos electrónicos. 

Las conductas anticompetitivas se habrían iniciado en 1978, pero la actuación mayor del supuesto cartel habría ocurrido a partir del año 2000 hasta, posiblemente, 2012, cuando la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Europea, además de autoridades japonesas de defensa de la libre competencia emprendieron operaciones indagatorias.