Fiscales federales brasileños investigan a Cargill por proyecto portuario fluvial en el Amazonas

Por Redacción PortalPortuario/ Agencia Reuters

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Foto: Tecnología del Plástico

Fiscales federales brasileños están investigando transacciones que involucran a Cargill y un socio brasileño después de encontrar irregularidades en la adquisición de tierras donde se planea construir un puerto fluvial en la selva amazónica.

Un portavoz de la fiscalía federal del estado de Pará dijo que abrieron la investigación penal después de que dos fiscales redactaran un memorándum, cuestionando la legalidad de la transacción debido a sospechas de anomalías en el papeleo. Actualmente, el progreso de la investigación penal sigue siendo confidencial.

“La cadena de propiedad de las transferencias privadas de tierras, presentada por las empresas para fundamentar la legalidad de la compra y venta mostraba signos de ser completamente precaria y carecer de los requisitos mínimos para ser considerada legal”, señalaron los fiscales encargados del caso.

Mientras que, un portavoz de Cargill dijo que la investigación fue una “sorpresa”, agregando que el comerciante obtuvo el uso y posesión legal de un terreno en Abaetetuba, donde evalúa la viabilidad de construir una terminal de exportación de granos.

Cabe recordar que, en 2017, Cargill anunció planes para invertir en un nuevo puerto de 178 millones de dólares en Abaetetuba, donde pretende mover unos 9 millones de toneladas métricas de granos anualmente desde barcazas a buques de carga para su exportación.

Sin embargo, las familias en el área donde Cargill planea construir el puerto dicen que la agencia federal de reforma agraria Incra les reservó parte del terreno en 2005, denominándolo Área de Asentamiento Agroextractivista Santo Afonso, según documentos judiciales.

Los fiscales dijeron que el Incra y la Agencia Federal de Patrimonio (SPU) deberían haber detenido la venta y que sus funcionarios también deberían ser investigados por no hacerlo. Incluso antes de la investigación penal, los fiscales federales de Pará habían solicitado una orden judicial que suspendiera el proyecto del puerto fluvial, citando pruebas de que el área destinada a su uso se obtuvo ilegalmente “mediante acaparamiento de tierras”.


 

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