La Procuradora General de la Nación de Guatemala anunció que solicitará la nulidad de 19 contratos relacionados con el manejo de Puerto Quetzal y que mantiene abiertas investigaciones en el resto de terminales marítimas y aéreas del país.
María Eugenia Villagrán, titular de la entidad, sostuvo, en declaraciones al matutino Siglo 21, que se pedirá declarar nulidad de acuerdos que se consideran de usufructo oneroso.
La funcionaria se basa en las conclusiones del equipo de análisis jurídico de la institución, que revisó los 29 contratos en vigor relacionados con el manejo de espacios y servicios en Puerto Quetzal.
De estos, 19 negocios los autorizó el exinterventor Allan Marroquín, quien se encuentra prófugo de la justicia.
“Lo que se hizo en estos casos fue simular una concesión, tal como se actuó en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), pues la ley es clara al prohibir que un servicio público se ceda de la forma en que se hizo”, aseveró Villagrán.
TCQ, filial de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), obtuvo en 2012 el usufructo por 25 años de Puerto Quetzal, en Guatemala, sin necesidad de participar en una licitación pública.
Esto, a cambio de sobornos equivalentes a unos $24.5 millones, pagados a altas esferas del Estado, entre ellos el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
La Procuraduría afirma que las investigaciones no solamente se centran en TCQ, sino también en otros puertos marítimos.
En Santo Tomás de Castilla, por ejemplo, existen denuncias por malos manejos, por el orden de $48.9 millones; y en Puerto Barrios está bajo la lupa la cesión del muelle a la Compañía Bananera Independiente de Guatemala, que luego lo cedió a Chiquita Brands, por un contrato que vence en 2048.
El Aeropuerto Internacional La Aurora también está bajo revisión, confirmó Enrique Godoy, comisionado presidencial para Puertos y Aeropuertos. La terminal aérea posee 27 contratos de usufructo y arrendamiento.
“El caso especial es el del parqueo del aeropuerto, pues se encuentra en un proceso de lo contencioso administrativo, por lo que para recuperar su manejo operativo deberá cumplirse primero una serie de pasos que la ley exige”, dijo Godoy.
Boris España, diputado del Movimiento Reformador, pidió que la PGN acelere los procesos de nulidad de todos los contratos y que dichos recursos se incorporen a las arcas del Estado.
