FNE recomienda licitación transitoria para garantizar competencia en Terminal 2 de Puerto de Valparaíso

Por Redacción PortalPortuario

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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que se realice una licitación transitoria del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso para asignar su concesión y garantizar condiciones equitativas de acceso.

La propuesta se emitió en respuesta a solicitudes presentadas por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) al Tribunal para que se pronuncie sobre si la modalidad más adecuada para asegurar la continuidad operativa de esta instalación, durante el período 2027–2029, es realizar una licitación transitoria o extender el contrato que hoy posee Terminal Portuario de Valparaíso (TPV).

En la audiencia pública realizada, la abogada de la División Antimonopolios de la FNE, Anita Reyes, sostuvo que la licitación transitoria constituye la alternativa que mejor resguarda tanto la competencia como a los usuarios portuarios, porque introduce disciplina competitiva, transparencia y eficiencia en un segmento que hoy enfrenta baja presión competitiva.

Actualmente el Terminal 2 concentra cerca del 90% de la carga fraccionada de la Región de Valparaíso y, según el organismo, opera en un entorno con escasa competencia efectiva, debido a barreras estructurales de entrada, especialización de los demás terminales en carga contenerizada y menores prioridades en los otros terminales de la región.

La representante de la Fiscalía advirtió que si se optara por extender el contrato persistirían las actuales condiciones de concentración y los riesgos de discriminación, sin introducir mejoras regulatorias ni incentivos a la eficiencia.

Asimismo, la Fiscalía destacó que el Terminal 2 ha mantenido rentabilidades positivas desde el inicio de su concesión en 2022, como ocurre también con otros terminales públicos del país que poseen estructuras financieras equivalentes.

De acuerdo con la FNE, esto confirmaría que la concesión resulta económicamente atractiva, capaz de convocar oferentes incluso bajo una licitación de corta duración, como ocurrió en el proceso de 2021, cuando participaron seis oferentes y la tarifa adjudicada fue 53% inferior a la segunda mejor oferta, reflejando una competencia intensa por el mercado.

La Fiscalía precisó también que los beneficios alegados por EPV para justificar la extensión del contrato -como el ahorro de costos de licitación o de costos de aprendizaje- no serían relevantes, ya que no se traduciría en menores tarifas para los usuarios y la transición anterior se ejecutó sin dificultades. Además, recalcó que una licitación correctamente diseñada no implica riesgo de alzas tarifarias.

Junto con recomendar al Tribunal la realización de una licitación transitoria para asignar la operación del Terminal N°2, la FNE propuso, entre otros puntos, revisar la definición de incumbentes contenida en las bases de licitación; reforzar las obligaciones de transparencia, en particular, disponer la publicación de tarifas máximas y condiciones objetivas de descuento, la separación contable entre servicios básicos y especiales y mecanismos de fiscalización activa de estas obligaciones.

Asimismo, aconsejó exigir reportes semestrales de la concesionaria sobre tarifas, volúmenes de carga transferida y prioridades de atraque; y que EPV informe a la FNE los valores de montos y ponderadores que aún no define en sus bases de licitación.

El organismo señaló también que sólo en caso de que una eventual licitación resultara desierta, podría considerarse una extensión temporal del contrato vigente, siempre que se mantuvieran las condiciones tarifarias actuales y se establecieran mecanismos reforzados de control y fiscalización.

En sus conclusiones, la FNE reafirmó que la competencia por la cancha es el mecanismo más eficaz para resguardar la eficiencia económica y el interés público en el sistema portuario regional, atendida la menor presión competitiva que ejercerían lo demás terminales portuarios, destacando que una licitación competitiva permite, además, fortalecer los mecanismos de control, mejorar la eficiencia operativa y promover la transparencia en beneficio de los usuarios.


 

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