El Gobierno de Guatemala solicitó a la Procuraduría General de dicho país analizar cerca de treinta contratos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), tras darse a conocer el escándalo de corrupción en la adjudicación de la ampliación del Puerto Quetzal.

El comisionado Presidencial de Guatemala, Enrique Godoy, realizó el anuncio en una rueda de prensa luego de reunirse con diputados de la Unidad Nacional de La Esperanza, informó La Tribuna de Guatemala.

La adjudicación a TCQ del proyecto de ampliación, con un valor de 255 millones de dólares, sería el eje de una trama de corrupción presuntamente encabezada por el ex presidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Tras ser reveladas las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, el Gobierno del presidente, Jimmy Morales, dieron  acciones para declarar la nulidad del contrato.

Debido a dicha situación ya hay 12 personas imputadas, entre ellas Pérez Molina y Baldetti, quienes supuestamente recibieron sobornos de la empresa TCQ que habría pagado 30 millones de dólares para adjudicarse el proyecto, de los cuales 24,5 millones de dólares supuestamente fueron a caer en manos de socios locales como el ex presidente Pérez  y 5 millones a un grupo de argentinos implicados.