Por Redacción PortalPortuario.cl/Agencia Andina
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El Gobierno de Perú prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional del país, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario de Matarani, ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa.
Así lo precisa la Resolución Suprema N° 162-2019-IN publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano que precisa que la medida estará vigente entre el domingo 3 de noviembre al 2 de diciembre de este año, consignó la agencia estatal de noticias Andina.
La norma refiere que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.
El documento subraya, además, que la actuación de las Fuerzas Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Asimismo, resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población.
La medida se sustenta en un informe de la Policía Nacional que solicita prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en el Puerto de Matarani para el mantenimiento del orden interno. Refiere que existe “peligro de destrucción de las instalaciones del Terminal Portuario Matarani, así como de afectación y perturbación del desarrollo de las actividades de dicho Activo Crítico Nacional, y que a su vez sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú.
Por último, la R.S. indica que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.
La norma lleva la firma del presidente de la República, Martín Vizcarra, y es refrendada por los ministros del Interior, Carlos Morán; y de Defensa, Walter Martos.
