La procuradora general de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, confirmó que el Estado de Guatemala pedirá la nulidad del contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de la antigua compañía española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), supuestamente implicada en un caso de corrupción, así como la intervención de sus cuentas.
“La lección que le vamos a dar al mundo es que las empresas internacionales no pueden venir a hacer negocios con sobornos”, afirmó Villagrán en una conferencia de prensa, en la que aclaró que las peticiones judiciales están a la espera de un acuerdo gubernativo aprobado por el presidente del país, Jimmy Morales, dinfundió la agencia EFE.
La empresa TCQ formaba parte del grupo internacional de la compañía española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que fue vendida el pasado mes de marzo al grupo holandés APM Terminals y que en Guatemala gestionaba la ampliación del mayor puerto del país, la terminal de Puerto Quetzal.
En una comparecencia ante diputados de la formación opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Villagrán confirmó que el plan del Gobierno es presentar una acción de nulidad para dejar sin efecto el contrato con TCQ para la ampliación y gestión de Puerto Quetzal, así como una intervención de la caja de la compañía.
El objetivo es “asegurar el patrimonio del Estado” y una reparación por daños y perjuicios. En ese sentido, será el juez, explicó la procuradora, el que tendrá que determinar el “límite” de esta intervención, que en ningún caso podría paralizar la actividad de la compañía.
Ante los diputados de la UNE compareció también el presidente de la Junta Directiva de Puerto Quetzal, de titularidad pública, Bernardo López, quien adelantó que la entidad ya ha iniciado las auditorías técnicas y documentales internas.
Asimismo, aseguró que se han presentado como querellantes en el proceso penal que se sigue estos días por este caso en el Juzgado de Mayor Riesgo “B” de la capital del país.
La adjudicación a TCQ del proyecto para la ampliación de la terminal de Puerto Quetzal, valorado en 255 millones de dólares, es el eje de la trama de corrupción supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Los diputados de la UNE solicitaron también la declaración de un representante legal de TCQ, que no acudió hoy pese a los varios requerimientos presentados, por lo que han amenazado con denunciarlo.
Para la próxima semana esperan poder dialogar también con responsables del Banco Mundial.
