Naviera de Puerto Rico demanda a gobernadora del estado por limitar operaciones


La compañía Ferries del Caribe, línea que conecta a Puerto Rico con la República Dominicana transportando pasajeros y cargas, demandó a la gobernadora del Estado Libre Asociado, Wanda Vázquez, por limitar sus operaciones a causa de la pandemia de Covid-19.

La acusación señaló que el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, canceló sin confirmación por escrito o algún otro medio formal la autorización para que la empresa reanudara sus operaciones, según informó la agencia EFE.

La demanda detalló que el Departamento de Salud autorizó a Ferries del Caribe, el pasado 30 de octubre, volver a operar y que el transporte de pasajeros se reanudó el pasado 9 de noviembre. Además, indica que a pesar del visto bueno del Departamento de Salud, la Autoridad de Puertos notificó a la naviera el 7 de noviembre que tenía que suspender sus operaciones de transporte de pasajeros a partir del día 13 del presente mes.

Ferries del Caribe subrayó que no se ha proporcionado ninguna orden de cancelación a las empresas que se dedican al enlace aéreo entre Puerto Rico y República Dominicana, según la compañía, constituyendo el mismo tipo de pasajeros. Asimismo, indicó que en ninguna de las órdenes ejecutivas firmadas por la gobernadora para atender la pandemia de Covid-19 desde marzo se hace referencia al comercio marítimo internacional.

La compañía resaltó en la demanda que la decisión de Puertos no se basa en ninguna autoridad legal y está en contradicción con todas las órdenes ejecutivas que la propia gobernadora ha emitido previamente.

Por lo anterior, Ferries del Caribe entendió que se trata de un acto de discriminación entre los dos medios de transporte, el marítimo y el aéreo, destacando que la revocación de acuerdos y autorizaciones de la gobernadora, que no tiene comparación en otros medios de transporte, causa daño para la competencia y potencial ruina a los operadores.

La compañía había suspendido el enlace de pasajeros entre República Dominicana y Puerto Rico el pasado 15 de marzo, cuando entró en vigor la primera orden ejecutiva por el Covid-19.


 

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