Gastón Saavedra es Senador de la República de Chile por la Región del Bio Bio, exdiputado por la misma zona, exalcalde de Talcahuano y expresidente de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto.

Las recientes discusiones en torno a la legislación de cabotaje marítimo en Chile no solo son un reflejo de la complejidad de nuestro sistema de transporte, sino también de las oportunidades latentes que podríamos desbloquear para mejorar nuestra competitividad y eficiencia.

Como representante de la Región del Bio Bio, una zona vital para el desarrollo económico del país, he observado de cerca la importancia de optimizar nuestras redes de transporte. En este sentido, la legislación actual de cabotaje marítimo ha sido objeto de cuestionamiento, y con razón. Un estudio internacional del 2016 insta a su revisión, señalando las restricciones existentes que generan altos costos y limitan nuestra participación en las cadenas de valor globales.

La rigidez en estas políticas ha tenido repercusiones directas en nuestros resultados económicos y en la asignación de recursos necesarios para impulsar la productividad. No podemos subestimar el impacto de permitir la participación de empresas extranjeras en nuestro cabotaje marítimo. Esta apertura no solo podría reducir los costos de transporte, beneficiando directamente a los consumidores, sino que también abriría la puerta a economías de escala, optimizando nuestros costos operacionales y fomentando un mercado más competitivo.

Si tenemos cabotaje, vamos a mejorar todo lo que son las tarifas por tonelada y vamos a tener, por lo tanto, un transporte de carácter multimodal, algo que en este momento no disfrutamos. Esto no solo mejoraría la eficiencia económica, sino que también contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que actualmente se generan al transportar por una sola forma, quemando combustibles fósiles.

En cuanto al transporte público, he estado abogando por mejorar nuestras carreteras y aumentar la utilización del modo marítimo por razones económicas y ambientales. Levantar las barreras legales es esencial, considerando que un flete entre Santiago y Callao es menor que entre San Antonio e Iquique, a pesar de la mayor distancia.

Las leyes laborales también deben ser consideradas en este cambio hacia el cabotaje marítimo. El artículo 19 del Código del Trabajo establece que al menos el 85% de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador deben ser de nacionalidad chilena. Esto debe ser adaptado para fomentar la participación extranjera en el sector marítimo.

La carga de cabotaje se desglosa en tres grandes factores: carga general, granel seco y líquido combustible, totalizando 13.4 millones de toneladas. La participación del cabotaje marítimo, equivalente al 18%, es un componente esencial para las 13.4 millones de toneladas transferidas en el país.

En este momento crucial, insto a mis colegas senadores y a todos los actores involucrados a considerar estas oportunidades y desafíos con una perspectiva estratégica y colaborativa. La apertura en el cabotaje marítimo no solo es una necesidad, sino una oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible de Chile y brindar beneficios tangibles a nuestros ciudadanos. Ahora es el momento de actuar y respaldar este proyecto de ley que marcará un hito en la evolución de nuestro sistema de transporte, promoviendo la eficiencia, la competitividad y el desarrollo económico.