El Foro por la Soberanía del Paraná y grupos socioambientales anunciaron acciones conjuntas para expresar su rechazo a lo que consideran una “nueva privatización del río Paraná hasta 2055”. Según afirmaron, el proyecto licitatorio lanzado por el Gobierno de Argentina propone un modelo que prioriza el dragado profundo y excluye controles adecuados, generando preocupación por sus impactos socioambientales y en la soberanía nacional.

La primera medida será una asamblea ciudadana el próximo sábado 28 de diciembre en la cabecera del puente Rosario-Victoria. La actividad, que incluirá debate y radio abierta, se desarrollará en la rotonda ubicada al inicio de la Ruta Nacional 174, sin interrupción del tránsito, de acuerdo a lo consignado por el medio GlobalPorts.

Las organizaciones advirtieron que el proceso licitatorio, que prevé concesiones por 30 años con posibilidad de extensión a otros 30, busca una profundización de 39 pies en el tramo Timbúes-Océano, con posibilidad de alcanzar los 44 pies tras estudios de factibilidad y gestión ambiental.

Estas características, según señalaron, beneficiarían principalmente a empresas dragadoras internacionales europeas y estadounidenses, excluyendo a compañías estatales y a actores asiáticos como Shanghai Dredging Co.

Cuestionaron además la falta de participación ciudadana y de organismos de control. Recordaron que la concesión 1995-2021 careció del ente de auditoría estipulado por ley y que la creación del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (Ecovina) durante el gobierno de Alberto Fernández fue anulada por la actual administración.

Asimismo, destacaron que el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) no ha tenido un rol activo en la elaboración de los pliegos y que las propuestas presentadas por organizaciones de la sociedad civil en 2021 no recibieron respuesta. “Esto contraviene las recomendaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que instó a incorporar instancias de participación ciudadana y de observación previa a la convocatoria”, señalaron.

Desde el Taller Ecologista, Ariel Ocantos, denunció la ausencia de estudios de impacto ambiental y advirtió sobre los riesgos del dragado profundo. “El sedimento tapona las bocas de arroyos y lagunas del Delta interior. La ciudad de Victoria, por ejemplo, se puede quedar sin agua potable por tercera vez”, alertó.

Las organizaciones exigieron la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica que contemple los impactos acumulativos de 30 años de políticas de navegación fluvial con escaso control. También demandaron el cumplimiento de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú, garantizando la participación de comunidades y organizaciones en audiencias públicas.

“Este modelo acelera el extractivismo sojero a costa de la vida de nuestro río y de las comunidades que dependen de él. Necesitamos espacios donde los pescadores e isleños puedan alertar sobre las consecuencias de estas políticas”, manifestaron desde el Taller Ecologista.

También destacaron la importancia del acercamiento entre organizaciones que, hasta ahora, no habían trabajado juntas en esta problemática. “La coyuntura nos obliga a pensar acciones en conjunto. Fue un encuentro muy fructífero2, expresó Ocantos.

La convocatoria del sábado 28 de diciembre se presenta como el primer paso en un plan de acción que busca visibilizar las demandas y proteger el futuro del río Paraná.