El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra de Paraguay (Indert), Francisco Ruiz Díaz, confirmó que la institución aplicará un ajuste del 63% en los valores de los inmuebles fiscales. La medida busca capturar la plusvalía generada por obras como el Corredor Bioceánico y cumplir con la Ley 55/13 de actualización anual.
En línea con lo indicado por Ruiz a RCC Radio, la decisión responde a la necesidad de actualizar precios que por “desidia institucional” permanecieron estáticos durante trece años, ignorando el crecimiento económico y el impacto de las grandes obras de infraestructura.
Ruiz Díaz explicó que, tras un riguroso análisis técnico junto al Banco Central del Paraguay (BCP), se determinó que la inflación acumulada desde la última resolución de fijación de valores en 2013 hasta noviembre pasado alcanza el 62,6%.
“He pedido un informe y encontramos que hay que hacer un ajuste del 63%”, adelantó el titular del ente agrario. Este incremento no es discrecional, sino que se enmarca en la Ley 5513, la cual establece que el avalúo de los inmuebles rurales debe actualizarse anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“La última tabla se fijó en 2013 y nunca más se actualizó. El Parlamento tiene razón en cuestionar este desfasaje de 13 años”, admitió Ruiz.
Uno de los puntos más críticos de esta actualización reside en las zonas de influencia de proyectos estratégicos, como el Corredor Bioceánico. Según Ruiz Díaz, el Indert ha tomado la determinación de frenar las adjudicaciones en estas áreas de alta valorización hasta que los precios se alineen con la realidad del mercado.
“En los proyectos que están generando plusvalía, hemos parado la adjudicación para tratarlos con los valores que corresponden, que son los de mercado”, enfatizó la autoridad. Con esta medida, el Estado busca evitar que la inversión pública en infraestructura termine beneficiando exclusivamente a sectores privados mediante la adquisición de tierras a precios fiscales irrisorios y desactualizados.
Para garantizar que esta situación de “congelamiento” de precios no vuelva a repetirse, la administración de Ruiz Díaz propone la implementación de un factor de ajuste automático. El objetivo es dar cumplimiento estricto a la ley que exige revisiones anuales.
“A los efectos de evitar que vuelva a ocurrir esta desidia, estamos dando cumplimiento a la ley que dice que hay que ajustar cada año los valores según el informe del Banco Central”, señaló el funcionario. Como ejemplo de esta nueva dinámica, mencionó que este año los inmuebles fiscales ya reflejan una subida técnica del 4,1%, correspondiente a la variación anual del IPC, marcando el inicio de una gestión financiera más rigurosa para el ente.
Si bien los datos técnicos ya están consolidados, el presidente del Indert aclaró que el ajuste del 63% es una propuesta que será conversada y validada con el Presidente de la República, Santiago Peña. La medida promete no solo sanear las finanzas de la institución, sino también dotar de mayor transparencia al mercado de tierras rurales, asegurando que el valor del territorio nacional crezca a la par de su desarrollo productivo.
