El gobierno y el sector fluvial paraguayo se encuentran intensificando las gestiones con Argentina para destrabar por vía diplomática el cierre del kilómetro 171 del río Paraná Guazú, según dio cuenta el medio GlobalPorts. Las partes afectadas han manifestado su profunda preocupación por el impacto de esta medida.
Lo tratado fue dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina, bajo el argumento de que el punto de alije no contaba con habilitación portuaria conforme a la Ley 24.093. La decisión interrumpió una práctica operativa de más de tres décadas, clave para el abastecimiento energético del Paraguay.
El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) publicó un comunicado en el que advierte que la suspensión podría implicar un aumento de hasta 70% en los costos logísticos, más de 8 días adicionales en los tiempos de reposición de combustible y un efecto directo sobre el precio al consumidor final.
Además, desde la gremial empresarial alertaron sobre mayores riesgos de congestión, incidentes operativos y ambientales al utilizar puntos alternativos sin la misma infraestructura.
Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) calificó la decisión argentina como unilateral y advirtió que podría derivar en una crisis de abastecimiento, afectando la estabilidad económica en un contexto regional desafiante.
En tanto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, abordó personalmente el tema con su par argentino Javier Milei durante la reciente cumbre del Mercosur, pidiendo una solución consensuada que respete la fluidez comercial y los compromisos asumidos en el marco de la hidrovía.
En paralelo, los ministros paraguayos de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; Industria y Comercio, Javier Giménez; y Economía, Carlos Fernández Valdovinos, mantuvieron reuniones con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo; y la secretaria de Energía, María Tettamanti. Ambas partes coincidieron en avanzar hacia una salida técnica y coordinada.
En la actualidad se encuentra en funcionamiento una mesa técnica bilateral entre funcionarios de ambos países, que trabaja en la identificación de alternativas temporales y en la evaluación de mecanismos para regularizar o reemplazar operativamente el uso del kilómetro 171.
En declaraciones a un medio especializado, el consultor y especialista en logística fluvial, Gustavo Alonso, sostuvo que el kilómetro 171 no es un único punto, sino una zona de múltiples posiciones operativas, con prácticas consolidadas y supervisadas por organismos oficiales.
Alonso advirtió que una suspensión sin plan de reemplazo pone en riesgo la eficiencia del sistema y genera mayores costos ambientales y económicos. “Una solución viable debería contemplar un mecanismo de habilitación progresiva, más que una prohibición tajante”, acotó el experto, quien también consideró que los puertos alternativos propuestos presentan limitaciones logísticas y mayores niveles de congestión.
Más allá de la coyuntura, el episodio vuelve a poner en primer plano la complejidad de gestionar una infraestructura compartida como la hidrovía Paraguay–Paraná, donde se entrecruzan intereses logísticos, fiscales, regulatorios y diplomáticos.
Para Paraguay, el abastecimiento energético no puede quedar sujeto a decisiones unilaterales. Para Argentina, el ordenamiento normativo también forma parte de una estrategia de fiscalización. El desafío será encontrar un punto de equilibrio que respete las normativas vigentes, sin afectar la continuidad operativa de una vía fluvial vital para toda la región.
