Mientras la denominada “rebelión patagónica” se profundiza y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le advierte a la Casa Rosada que otras provincias del sur de Argentina podrían sumarse a su intención de cortar el suministro de petróleo y gas al resto del país, comienzan a surgir las dudas si realmente esa amenaza puede llegar a concretarse.

En Comodoro Rivadavia señalan que es inminente la decisión provincial de cerrar la válvula que transporta el petróleo desde la planta de Termap Caleta Cordova a los buques que lo llevan a las refinerías bonaerenses.

De todas formas, fuentes consultadas por el medio ArgenPorts manifestaron serias dudas en torno a una real efectivización de esa medida por parte de Ignacio Torres, pese a la decisión del Gobierno de Argentina de frenar el envío de los fondos de la coparticipación federal y señalaron que se trata, en realidad, de un mecanismo de presión política.

“Torres carece de las herramientas legales para hacerlo. Las empresas tienen contratos con esa producción y además es dispararte un tiro al pie porque vas a cobrar menos regalías, te vas a generar un conflicto social interno y no le haces mal a la Nación. Milei no va a mover un dedo, por eso es difícil que se concrete en hechos”, indicaron a ArgenPorts fuentes del rubro.

A través de la red social X, el abogado Juan José Carbajales, especialista en Energía, y titular de la consultora Paspartú, que asesora en hidrocarburos, energía, minería, ambiente y políticas públicas, recordó que en Chubut se descubrió petróleo en 1907 cuando era territorio argentino.

“Luego se provincializó en 1955 (ley 14408). La provincia exporta ya ~15% de su producción. ¿Podría el gobierno prohibir a productoras vender crudo a refinerías de la provincia de Buenos Aires? ¿Y la Nación podría apelar al ‘autoabastecimiento’ que quiso derogar en el proyecto de ley Bases?, se preguntó.

Carbajales señaló que los hidrocarburos son un insumo estratégico para la economía, defensa nacional y necesidades de la población. Esto, a su entender, es suficiente para justificar un “interés federal” en su gestión, pero no invalida el “dominio originario” provincial.

Para el especialista, la cuestión en torno a si la política de subsidios de Argentina es legal o no, va por otro carril y precisó que la ley de Hidrocarburos le reconoce a las empresas la libre comercialización racional de su producción.

En ese marco, sostienen que cualquier decisión de disponer el cese de operaciones de la empresa Terminales Marítimas Petroleras (Termap) es ir contra los propios intereses de la Provincia, porque no podría exportar.

La compañía posee instalaciones en el Muelle General Mosconi (Comodoro Rivadavia) destinado a descarga de combustibles de la empresa YPF y la monoboya ubicada en Caleta Olivares para la carga de petróleo crudo, operada por la empresa Termap.

Las terminales están constituidas para el transporte de la producción petrolera en alianza con las operadoras que desarrollan su actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Uno de sus principales destinos de los buques que parten desde esas terminales es Puerto Rosales, desde donde luego, por un sistema de oleoductos, se alimentan a varias refinerías bonaerenses.

Para Carbajales, si el petróleo no se vende a refinerías en la Provincia de Buenos Aires no tiene otro destino y por ende la Provincia no cobraría regalías. Lo mismo sucede con el gas, donde hay contratos a 2028.

“Eso sí, de efectivizarse esta ‘insulación’ provincial, el efecto podría ser una complicación para las refinerías bonaerense que blendean el crudo liviano de Vaca Muerta con el escalante (pesado) del Golfo San Jorge”, consideró el abogado.

Por su parte, Francisco Romano, socio del Estudio Jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites y Arntsen y codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral fue consultado sobre el tema por el diario Infobae, señalando que lo que está haciendo el gobernador Torres de cortar el envío de gas y petróleo, en reclamo de $13.500 millones de recorte en coparticipación, “no tiene sentido”.

En su opinión, según el artículo 124 de la Constitución, las Provincias son dueñas de sus recursos, pero por el sistema de concesión han adjudicado la explotación a empresas privadas y estas tienen libre disponibilidad sobre los hidrocarburos que producen. Por lo tanto el crudo producido ya no es de la provincia.

“Prohibir su salida del territorio provincial equivale a crear aduanas interiores, prohibidas por la Constitución Nacional”, alertó Romano. El abogado experto en derecho de los hidrocarburos explicó que “lo que tiene que hacer la provincia es acudir a la Justicia ; no generar medidas de acción directa que son violatorias de la Constitución. Las provincias petroleras cobran las regalías de las empresas todos los meses. Nación no tiene nada que ver ahí”.

Aporte de la Patagonia

La participación de Chubut en la producción total de petróleo y gas alcanza números de consideración. Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, en 2023 la Argentina produjo 36.867.693 m3 de crudo y 48.109 millones de m3 de gas. La provincia patagónica tuvo una participación de 21,4% y 5,82%, respectivamente.

Si se considera a toda la Patagonia (los demás gobernadores de la región se sumaron al reclamo), los números son aún más contundentes. De acuerdo a estadísticas publicadas por la consultora Oil Production Consulting y reproducidas por Infobae, entre las tres cuencas que se encuentran en esa zona (Austral, Neuquina y Golfo de San Jorge) aportan el 98% de la producción total de petróleo argentino.

En lo que respecta al gas, la Patagonia tiene una participación del 97%. En ese caso es Neuquén, con Vaca Muerta, el líder indiscutido de producción. En lo que respecta a las reservas, el agregado de las tres cuencas situadas en la Patagonia da que detentan el 89% de las reservas de petróleo y 98% de las reservas de gas de la Argentina.