La policía federal de Brasil probablemente recomendará archivar una investigación sobre el presunto pago de sobornos al presidente Michel Temer a cambio de extender concesiones portuarias el año pasado, debido a que no ha encontrado evidencia, reportó la agencia Reuters.

El director general de la policía, Fernando Segovia, dijo en una entrevista que los efectivos no hallaron pruebas de que un decreto emitido el año pasado por Temer favoreció a la firma de logística Rodrimar SA, que opera servicios en el puerto de Santos, el terminal agroexportador más importante de Latinoamérica.

La investigación por presunto soborno es el único caso pendiente contra Temer, quien el año pasado eludió un procesamiento en el Supremo Tribunal Federal cuando sus aliados en el Congreso lo protegieron de cargos de corrupción, obstrucción a la justicia y crimen organizado, consignó Reuters.

“Lo que vemos es que, en teoría, el decreto en sí no benefició a la compañía. No hubo beneficio. Y no se sabe nada del dinero pagado”, dijo Segovia, quien fue nombrado por Temer a fines del 2017, en una entrevista en la sede de la policía federal. “Hasta ahora, no ha aparecido absolutamente nada que pueda ser base para corrupción”, indicó.

La principal pieza de evidencia que tomó la investigación fue la grabación de una conversación entre el excongresista Rodrigo Rocha Loures, un cercano asistente del mandatario, y Gustavo Rocha, un asesor legal de la presidencia.

Pero en la conversación el asesor legal dice que el decreto no podría ser cambiado para favorecer a la compañía y que Temer se oponía a esa modificación, de acuerdo a Segovia.

El decreto, publicado en mayo, extendió los contratos gubernamentales de concesiones portuarias, lo que benefició a los actuales operadores.

Rocha Loures fue arrestado en junio después ser filmado con una maleta de dinero que recibió del grupo productor de carne JBS SA, en un caso que es parte de una investigación separada y por el que ha sido acusado de corrupción.

Temer ha negado cualquier rol en los escándalos de corrupción que han sacudido a la clase política y empresarial de Brasil y respondió a preguntas enviadas por escrito por la policía, incluso aunque no estaba legalmente obligado a hacerlo, de acuerdo a su abogado.