Por Redacción PortalPortuario

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El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, estimó que el paro de 56 días en Puerto Coronel causó perjuicios para el sector maderero por hasta 90 millones de dólares.

“Los datos aún se están analizando, pero en términos gruesos la paralización representó un rezago en las ventas de entre USD 80 y 90 millones, y una disminución de los aportes a la economía regional del orden de otros USD 50 millones”, dijo.

Según el timonel de Corma “se estiman USD 30 millones en sobre costos logísticos por re direccionar la carga a otros puertos de salida, otros USD 20 millones de baja en la facturación a proveedores de servicios y se está verificando la cantidad de carga deteriorada por obsolescencia al interior del puerto, que probablemente ascienda a varios millones de dólares adicionales”.

Ugarte también observó que si bien el paro terminó y el puerto comenzó a realizar operaciones, algo que se consiguió tras la intervención del Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el pasado 20 de mayo, la plena normalidad se dará en un plazo de 60 o 90 días.

“Volver a la normalidad tomará su tiempo, al menos de 2 o 3 meses, ya que la producción, bodegaje y cargas debieron ser distribuidas de otra manera para enfrentar la paralización. Aún así no será lo mismo, ya que hay líneas navieras que han cambiado de puerto y, por sobre todo, con un prestigio desgastado frente a clientes importantes, que confiaban en la calidad y seriedad de la oferta de productos forestales provenientes de Chile”, remarcó.

“Cuando debiéramos como país estar trabajando en productividad y competitividad, estamos transitando por el camino opuesto”, se quejó el dirigente gremial maderero.

El paro, cabe recordar, comenzó el 26 de marzo cuando la empresa Puerto Coronel decidió detener sus operaciones, luego de denunciar que los portuarios eventuales realizaban labores con “ruedas cuadradas”, lo que bajó la producción impidiendo alcanzar niveles óptimos de atención. La situación, según la empresa, se debía a la negativa de los estibadores de allanarse a la implementación de una política de prevención de alcohol y drogas, algo que los trabajadores negaron, iniciándose -a la par- un bloqueo en el acceso al recinto, lo que derivó en el conflicto que se extendió por 56 días.