El presidente de el Ente Administrador del Puerto de Rosario, Ángel Elías, valoró la disposición del Gobierno de Argentina de derogar el decreto 1108 instaurado por la expresidenta Cristina Fernández  y que, como consecuencia, impidió el transbordo de cargas trasandinas en los puertos uruguayos, lo cual no solo perjudicó al Puerto de Montevideo, sino también al complejo rosarino. 

Elías sostuvo que “para la estratégica terminal Multipropósito que hoy opera TPR, empresa concesionaria dirigida por la fuerte alianza constituida por Vicentín y los chilenos de Ultramar, el daño fue enorme”.

“La 1108 fue intempestiva, porque obligó de un día para otro reorientar los caminos logísticos de muchos exportadores de la región. Lesiva para la economía regional, porque aumentó costos que se trasladaron a los productores, e ineficaz para proteger intereses de los barcos y los puertos nacionales, incluido el de Buenos Aires”, indicó.

Según Ángel Elías, la medida -en este sentido- fue “generadora de ineficiencias al reducir los servicios de salida y ser parte de una concepción de la logística aferrada a la defensa de actores que en los nuevos marcos globales y regionales deben desenvolverse con una visión que defienda sus intereses específicos pero actuando insertados en un modelo de agregación de valor en las cadenas y no de proteccionismos insustentables”.

“La derogación de este instrumento permitirá ampliar la oferta de servicios, la existencia de feeders independientes y contribuirá a la competitividad de los exportadores de bienes con valor agregado”, apuntó el ejecutivo.