Por Andrés Orrego Siebert
@PortalPortuario
La suma de 20 billones de reales o poco más de 3,5 billones de dólares es el monto de las inversiones proyectadas durante el proceso de privatización o desestatización de las primeras cinco autoridades portuarias en Brasil. Así lo detalló Diogo Piloni, secretario Nacional dos Portos de ese país a PortalPortuario.cl.
El alto funcionario del Gobierno Federal del Brasil comentó a este medio, durante el último Congreso Latinoamericano de Puertos de la AAPA, que “si hacemos un sumatorio de las inversiones previstas en esos cinco proyectos, estamos hablando de 20 billones de reales que serán utilizados para mejoramiento de infraestructura de nuestros puertos”.
“Diría que estamos programando una nueva apertura de los puertos brasileños para, principalmente, inversiones, no solo de brasileños, sino de extranjeros también. El sector portuario brasileño ya es extremadamente privado desde la década 90 y casi toda operación es privada; por lo tanto, nosotros tenemos calidad y eficiencia en la operación portuaria que es comparable con cualquiera de clase mundial y ya tenemos a los más grandes operadores mundiales en Brasil en las condiciones más eficientes. Nosotros también tenemos la visión de que precisamos evolucionar también en las autoridades portuarias”, agregó.
Piloni explicó que “si bien tenemos operaciones eficientes no siempre se consigue dentro de un modelo de gestión estatal esa misma eficiencia en los papeles que son desempeñados por las autoridades portuarias. Ahora es un momento muy bueno, incluso, en la gestión pública. Nosotros tenemos en Santos, en la Codesa, en la CDRJ, en nuestras compañías portuarias, ejecutivos que han hecho gran trabajo, compañías que por mucho tiempo fueron deficitarias y ahora están en otro momento, son sustentables, tienen caja para hacer inversiones, pero es importante que consolidemos ese momento y nosotros creemos que la concesión, la privatización de puertos va a perennizar esa buena experiencia actual a medida que celebremos contratos de largo plazo”.
El secretario afirmó que en el nuevo modelo, el adjudicatario que dirija una de las Companhias Docas (o portuarias estatales) tendrá atribución para invertir en ampliaciones de canales de acceso, dragado, mejoramientos de infraestructura de naves, accesos terrestres, entre otas funciones.
“Esos socios privados van a ser responsables de la gestión del complejo portuario, o sea tendrán el papel de Autoridad Portuaria. Con eso, tenemos, como parte del programa, como proyectos prioritarios por el Gobierno Federal cinco empresas. Companhia Docas do Espírito Santo, que ya está con estudos concluídos y esperamos hacer su remate a principios del próximo año, le seguirá São Sebastião, en el Estado de São Paulo, Itajaí, en el sur del país, el Puerto de Santos y, en secuencia, la Companhia Docas da Bahia”, sostuvo Piloni.
Piloni, además, aseguró que el nuevo modelo quedará protegido de cambios de gobierno o de política pública gracias a la existencia de la agencia reguladora Antaq, la cual consideró como un órgano de Estado maduro, por lo que hay un escenario atracción de inversiones y seguridad jurídica.
Sobre cómo se hará la transferencia de estas empresas públicas a un privado y cuáles serán las reglas que se le aplicarán para que ese actor no tome ventaja de su posición de autoridad portuaria frente a otras compañías del sector. Piloni expresó que se han tomado una serie de medidas para cautelar el adecuado funcionamiento y que la presencia del Estado también se mantendrá, ya que no se venderán los puertos, sino las empresas que los gestionan.
“Este es un modelo mixto. Los puertos no serán vendidos, las empresas serán vendidas, pero el activo continúa público, eso es importante. En el Puerto de Santos hay un área de ocho kilómetros cuadrados, entonces esa área continúa con su canal de acceso, sus accesos terrestres, siendo activos de la União que van a ser revertidos al final del contrato de concesión para el poder público. Lo que será privatizado es la empresa; es decir, la Santos Port Authority será transferida a la gestión privada”, dijo.
“Tenemos todo el cuidado para hacer esa transferencia con responsabilidad, porque queremos que sea un buen negocio para el privado, pero necesitamos preservar el interés público dentro del puerto”, complementó.
Según Piloni, desde el Gobierno Federal también se ha establecido una serie de restricciones para mitigar el conflicto de interés para evitar el abuso de poder económico.
De esta forma, ningún operador podrá tener más de un 10% del paquete accionario y, en el caso de un consorcio, no se permitirá la obtención de sobre el 40% de las acciones.
Asimismo, los contratos prevén evitar la concentración de mercado en la operación para lo cual también se aplicará restricciones para que un operador no pueda superar, por ejemplo, en el área de contenedores el 50% de la cuota.
