Una demanda civil en representación de Puerto Coronel fue presentada por su gerente general, Patricio Román, en contra del alcalde de la comuna, Boris Chamorro, el exconcejal Eduardo Araya y cuatro dirigentes sindicales de estibadores para exigir la restitución o indemnización de los montos que habrían recibido durante la anterior administración de la empresa.

De acuerdo con la firma portuaria, su gestión actual advirtió “la existencia de una estructura delictiva, destinada a extraer de forma ilícita fondos de la compañía”, situación ocurrida durante el periodo de la directiva anterior, consignó BiobioChile.

Si bien la demanda menciona a exejecutivos y proveedores de Puerto Coronel que se encuentran formalizados en una causa penal por delitos económicos, la acción judicial actual apunta a quienes habrían obtenido “beneficios provenientes” de dicha “estructura ilícita”.

En detalle, la demanda pone el foco en “la emisión de facturas por servicios no prestados para crear un fondo no trazable” y “la frustrada permuta de terrenos entre Puerto Coronel e Inmobiliaria Delsava Limitada” para “distraer dineros de la compañía para crear una especie de caja negra con fondos que no pudieran ser rastreados”.

Ante tal situación, Román exigió que, en el caso del alcalde Chamorro, imputado por cohecho y bajo arresto domiciliario nocturno en la causa penal, restituya o indemnice a Puerto Coronel el monto de 82 millones de pesos que habría recibido desde la compañía a través de un proveedor.

En tanto, para el exconcejal Eduardo Araya la cifra corresponde a $72.250.000, mientras que a los dirigentes sindicales Guillermo Jaque, Raúl Cabezas, Tomás Soto y David Guerrero, contempla $81.750.000 cada uno. Además, gerente general de Puerto Coronel solicitó que se condene en costas a los demandados.