Rodrigo González Holmes es abogado y especialista Derecho Aduanero
Pocos servicios públicos cuentan con facultades administrativas tan relevantes como las que la ley otorga a Aduanas. Estas potestades se enfocan en fiscalización del movimiento transfronterizo de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos, así como la determinación de los tributos que se devenguen por tales operaciones.
En particular dentro de las zonas primarias de jurisdicción aduanera, que corresponden a los puertos, aeropuertos y avanzadas fronterizas, todo funcionario de aduanas se encuentra facultado por la ley para examinar y registrar naves, aeronaves, trenes, vehículos, personas, animales, bultos, cajas, embalajes o cualquier envase en que pueda suponer que haya mercancías introducidas al territorio nacional o que se intente introducir o extraer de él con infracción de la legislación aduanera.
De igual modo, dar alarma a la nave, aeronave, vehículo o persona que vaya en camino y retenerla, para el objeto anterior, hacer detener a quienes aparezcan como presuntos responsables de delito de contrabando y recoger en tal caso los efectos del delito y requerir el auxilio de la fuerza pública para hacerse obedecer en el desempeño de las facultades si encontrare resistencia.
No obstante, dentro de estas zonas primarias también ejercen sus funciones otras autoridades como la Autoridad Marítima, la Autoridad Aeronáutica, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Agrícola y Ganadero. Asimismo, coexisten las Empresas Portuarias y sus concesionarios, almacenistas y otros operadores que ingresan y salen de los recintos de depósito aduanero sujetos a estos controles. Cada uno, a su vez, depende o se relaciona con el ejecutivo a través de diversos ministerios, que tienen agendas, prioridades, recursos y enfoques diferentes como son Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda, Economía y Agricultura, entre otros que también tienen incidencia en el comercio internacional.
El desafío permanente de los diferentes organismos es articularse adecuadamente en el ejercicio de sus respectivas funciones con el objeto de afrontar, por una parte, la atención del volumen y modalidades actuales del comercio internacional y, por otra, tratar de evitar la utilización de nuestras fronteras para el tráfico ilícito de personas y de mercancías como drogas, armas, cigarrillos de contrabando y otras mercancías prohibidas o peligrosas. La clave de esa articulación está en la coordinación que se realiza entre las diversas instituciones y que ha dado excelentes resultados.
Sin embargo, debe revisarse a nivel supra-institucional cual es el planteamiento de futuro para nuestros múltiples controles, especialmente para las fronteras terrestres, que vaya más allá de la simple coordinación de instituciones pues ésta depende, en gran medida, de las voluntades y prioridades de un momento determinado.
Este enfoque de futuro debe contemplar la revisión del marco jurídico institucional y de procedimientos en frontera, establecer un mecanismo estable de disponibilidad e intercambio de información entre servicios y regular las actuaciones compartidas, a fin de optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, facultades y capacidades del Estado en su conjunto, en cumplimiento del rol de protección a la sociedad que todas las instituciones representan.
