El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, José Alberto Gonzales, aseguró que el Gobierno de ese país “sentará presencia” en puertos chilenos de Antofagasta y Arica, ante las denuncias de supuestos abusos contra transportistas de esa nacionalidad.
El parlamentario anunció que, a primeras horas del domingo una delegación, encabezada por el canciller David Choquehuanca, de autoridades y legisladores bolivianos, se trasladará a los puertos para verificar las denuncias de maltratos y discriminación hacia transportistas del comercio internacional boliviano, consignó la agencia ABI.
“A todos los bolivianos si en algún momento puedan sentirse discriminados despreciados maltratados por algunas autoridades chilenas queremos hacerle sentir eso que el Estado está con ellos con las personas, el Estado va sentar presencia”, explicó a la Red Patria Nueva.
Gonzáles dijo que aunque existan reparticiones públicas en los puertos amparadas por el Tratado de 1904 y otros convenios, el Estado boliviano por mandato del presidente Evo Morales va estar presente, a través de sus máximas autoridades, con el “espíritu” de reparar los supuestos “abusos y atropellos”.
La autoridad legislativa boliviana adelantó que después de verificar y constatar los testimonios de los choferes se sistematizará toda la información, y de acuerdo al resultado el Ejecutivo tomará decisiones siguiendo las normas internacionales.
“Si se observa si ha habido una exceso de atropello contra nuestros compatriotas obviamente se van accionar los mecanismos pertinentes para hacer los reclamos respectivos en contra de Chile”, sentenció.
Gonzales afirmó que ese viaje se coordinó con el vecino país a través de los conductos diplomáticos y regulares para realizar una visita de esa magnitud.
La semana pasada, una delegación del sector del transporte pesado también viajó a Arica para reunirse con autoridades de esa ciudad chilena, oportunidad en la que se acordó verbalmente con los carabineros la suspensión del cobro de multas por parqueos.
Además, el alcalde de esa ciudad, Salvador Urritia, se comprometió a dotar 10 hectáreas de terreno para dar una solución provisional al conflicto por el cierre “arbitrario” de garajes.
