Por Redacción PortalPortuario
Las compañías marítimas se enfrentan a un incremento de sanciones y a una creciente complejidad en materia de cumplimiento, ya que los reguladores esperan cada vez más que los riesgos sean detectados antes de que ocurran las infracciones, según un nuevo informe publicado por Marcura.
El documento, titulado “El problema de la fragmentación en el cumplimiento marítimo”, da cuenta de la divergencia entre los regímenes de sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros.
“Las penalizaciones secundarias se han ampliado y una creciente flota en la sombra continúa ocultando la propiedad, el seguro y los historiales comerciales. En conjunto, estos factores aumentan la exposición de los operadores globales en un momento en que los procesos de cumplimiento siguen fragmentados entre organizaciones”, precisó Marcura.
Los resultados de la encuesta de Marcura muestran que el 82% de los ejecutivos marítimos afirma que las exigencias de cumplimiento están creciendo y el 86% expresa preocupación por riesgos de cumplimiento no detectados.
“La incorporación de contrapartes y los procesos de KYC ahora cuestan entre 1.500 y 3.500 dólares por contraparte, impulsados en gran medida por verificaciones manuales duplicadas en múltiples sistemas, una carga que se multiplica rápidamente en mercados donde las contrapartes cambian con frecuencia”, puntualizó la entidad.
A pesar de la mayor inversión en sistemas de detección de sanciones y automatización, el problema “no es la falta de esfuerzo, sino estructural. Las organizaciones suelen operar múltiples plataformas de verificación que arrojan resultados distintos sobre la misma contraparte”, apuntó la empresa.
“La función de cumplimiento se convierte en una capa manual de integración, ensamblando un panorama de riesgos a partir de salidas contradictorias. El mismo trabajo de verificación se repite en distintas organizaciones, mientras que la inteligencia recopilada por una permanece inaccesible para otras que enfrentan decisiones idénticas”, agregó.
En línea con lo consignado por Marcura, el problema iría más allá de las sanciones. “El fraude de pagos dirigido al sector marítimo es de tres a cinco veces mayor que en la banca tradicional, ajustado por volumen de transacciones. Las obligaciones de ESG y de cadena de suministro están ampliando el alcance de la evaluación de proveedores”, subrayó.
Además, los controles anticorrupción serían inconsistentes en un sector donde, según la Maritime Anti-Corruption Network, se han documentado más de 65.000 informes relacionados con corrupción en más de 1.000 puertos de 150 países. “Cada vector de riesgo exige sus propios procesos, con poca infraestructura que los conecte”, acotó Marcura.
Comentando los desafíos identificados en el informe, Andrei Grigoras, SVP de Soluciones de Cumplimiento en Marcura, señaló que “la función de cumplimiento siempre carga con una pregunta que nunca desaparece del todo: ¿nos hemos perdido algo? La fragmentación hace que esa pregunta sea más difícil de responder. Cuando la misma contraparte produce resultados diferentes en distintos sistemas, el ruido ahoga las señales que realmente importan”.
El informe plantea una dirección hacia un cumplimiento que funcione como infraestructura compartida, donde la verificación se realice una sola vez, sea reconocida en múltiples flujos de trabajo y se refuerce con inteligencia colectiva.
Así, en lugar de que cada organización soporte de manera aislada el costo completo de la verificación de contrapartes, un modelo en red permitiría que los resultados de las verificaciones acompañen a la contraparte a través de las organizaciones participantes.
