Por Redacción PortalPortuario
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El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Brasil, el ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, aceptó la solicitud de la Unión de suspender los efectos de la medida cautelar otorgada por la jueza Ana Cristina Ferro Blasi, del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, en una acción presentada por el Ministerio Público Federal. La acción buscaba evitar el cierre del Convenio de Delegación 08/97 entre el Puerto de Itajaí y la Municipalidad local, impidiendo que la Autoridad Portuaria de Santos (APS) cumpla con la orden del Ministerio de Puertos y Aeropuertos (MPor) de asumir la gestión del terminal portuario en Santa Catarina.
La iniciativa de prorrogar la delegación por 12 meses e impedir la gestión del Puerto de Itajaí por parte de la APS surgió de la Asociación Foro Metropolitano de la Foz del Río Itajaí-Açu, que se opone a la federalización y transferencia de la gestión del puerto de la Municipalidad de Itajaí al Gobierno Federal, con el apoyo de la actual gestión del Puerto de Santos. La gestión del Puerto de Itajaí por parte de la Municipalidad fue aprobada en 1997.
La entidad argumentó que no se puede permitir la toma de control por parte de la Unión sin que antes se elabore un plan de transición que garantice la continuidad de las operaciones portuarias y los investimentos en la zona. La asociación ya había visto rechazada una medida cautelar en primera instancia, pero presentó un recurso ante la Justicia Federal.
La jueza, al conceder la cautelar, destacó que la falta de prueba de la adopción de métodos y procesos de gestión para la transición portuaria violaría el principio de protección de la confianza. También mencionó la correspondencia entre la Municipalidad de Itajaí y el MPor en relación a la solicitud de prórroga de la delegación, que ya había sido extendida anteriormente y vence el 1 de enero de 2025.
El ministro Herman Benjamin, al decidir suspender la cautelar, recordó que la resolución sobre el fondo del asunto, es decir, el derecho de Itajaí a continuar gestionando el puerto, “deberá ser resuelto por las vías procesales adecuadas”. Y añadió: “No corresponde a este tribunal analizar estrictamente desde el punto de vista jurídico si la medida cautelar concedida debe ser revocada o mantenida”.
El ministro destacó dos puntos importantes: primero, que la municipalidad, presuntamente la parte más interesada en la prórroga del convenio, no había judicializado la cuestión de manera anticipada; y segundo, que, como demostró la Unión, existe una crisis en la gestión del Puerto de Itajaí, especialmente en los últimos dos años (2023 y 2024), coincidiendo con el período de prórroga del convenio.
Además, el ministro expresó su sorpresa por el hecho de que, en un asunto de tal complejidad, no solo el tribunal local no escuchó previamente a la Unión (parte adversa), sino que también dictó una decisión que imponía una obligación de no hacer, lo que, a su juicio, invadía la discrecionalidad administrativa, generando espacio para la polémica sobre los límites entre el ejercicio de la función jurisdiccional y la invasión de poderes.
El ministro advirtió que el tribunal regional no pareció haber considerado las consecuencias prácticas de su decisión, apoyándose, aparentemente, solo en la interpretación de valores jurídicos abstractos. También expresó su preocupación por los posibles daños, como la paralización de servicios, la dificultad de arrendar espacios para empresas en ese segmento y la paralización de la dragado del puerto, lo que podría causar perjuicios a la economía pública.
Finalmente, el presidente del STJ se pronunció: “Acepto la solicitud de suspensión de los efectos de la decisión impugnada hasta que se resuelva, en segunda instancia, cualquier apelación sobre la sentencia que se dicte en la Acción Civil Pública n. 5041780-72.2024.4.04.7208”.
El Gobierno Federal recordó que, durante la delegación a la Municipalidad, financió el realineamiento de los muelles 3 y 4 del Puerto de Itajaí y advirtió sobre la falta de infraestructura para manejar graneles sólidos y líquidos, así como la crisis en las relaciones con el arrendatario, que ha afectado la operación de contenedores y las relaciones laborales.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santos, Anderson Pomini, al ser cuestionado al respecto, ha manifestado su intención de ayudar al Puerto de Itajaí y cumplir con el MPor, “que considera todos los puertos como parte del complejo portuario brasileño, y que todos deben crecer, contribuir a la cadena comercial de Brasil y al desarrollo del país con un eficiente manejo de las exportaciones y la recepción segura de las importaciones”.
