Por Redacción PortalPortuario
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió aplicar una multa de 110 unidades tributarias anuales (UTA) a la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), lo que guarda relación con un procedimiento administrativo sancionatorio abierto por la denuncia de ruidos molestos asociados al movimiento de contenedores.
En este sentido, la SMA hizo recepción de 13 acusaciones, siendo la más antigua de 2021 y la más reciente de junio del presente año.
“Específicamente, se denuncia principalmente por ruidos asociados a movimiento de contendores mediante grúas, carga y descarga de contendores a camiones y trenes, bocinas, golpe de contendores, chicharras de grúas, funcionamiento de motores, tránsito de camiones, entre otros, todos asociados al funcionamiento portuario”, remarcó el servicio público descentralizado.
En línea con lo indicado en la resolución sancionatoria, se registraron niveles de ruido superiores a los 60 decibeles (dB) durante horario nocturno, con cinco mediciones entre los 60 y 66 dB en abril de 2023. Lo tratado se estima habría afectado a un total de 4.989 personas que habitan en la zona cercana a la fuente emisora.
“Con fecha 29 de diciembre de 2023, mediante Resolución Exenta N°1/Rol D-290-2023, esta Superintendencia formuló cargos que indica, en contra de EPV, siendo notificada mediante carta certificada, dirigida al titular, recepcionada en la oficina de correo de la comuna de Valparaíso con fecha 5 de enero de 2024”, indicó la SMA.
“Dicho cargo consistió en la obtención, con fecha 25 de abril de 2023, de Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 62 dB, 60 dB, 61 dB, 66 dB y 64 dB, todas las mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición externa la primera, tercera, cuarta y en condición interna con ventana abierta la segunda y quinta”, agregó.
Cabe mencionar que la EPV presentó sus descargos correspondientes en enero de 2024, solicitando la absolución de los cargos presentados y, en subsidio, apelando a la sanción mínima correspondiente a amonestación por escrito o “la menor sanción que se determine conforme a derecho”, lo que fue rechazado por la SMA al considerar que “se tiene por probado el hecho que funda la formulación de cargos”.
De acuerdo a lo planteado en el documento, la EPV podrá interponer un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental en contra de las resoluciones de la SMA. En caso que la estatal portuario no recurra a tal medida y, por tanto, decida pagar las 110 UTA dentro de cinco días hábiles tras ser notificado, “se le reducirá un 25% del valor de la multa”, según lo planteado desde la Superintendencia.
