Por Redacción PortalPortuario/Agencia Reuters
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil votó, por seis votos contra tres, recomendar que los operadores de las terminales de contenedores ya existentes en el Puerto de Santos sean excluidos de participar en la primera fase de la licitación para una mega terminal planificada, citando preocupaciones sobre la concentración de mercado.
La decisión supone un golpe para empresas como el grupo naviero danés Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC) y otras que ya operan estaciones de contenedores en el mayor recinto portuario de América Latina, ya que estas compañías solo podrán participar en una segunda fase de la subasta si la primera no atrae ofertas válidas.
El modelo de dos fases, propuesto por la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq) y cuestionado por Maersk en los tribunales, podría beneficiar a nuevos participantes provenientes de Asia o incluso a empresas pertenecientes al grupo cárnico JBS, que ingresó al sector naviero el año pasado como operador de una terminal de contenedores en Santa Catarina.
El gobierno brasileño espera que el ganador de la subasta de Tecon 10 invierta cerca de 6 mil millones de reales (1,11 mil millones de dólares) en 25 años y aumente la capacidad de manejo de contenedores en Santos en 50%, minimizando los cuellos de botella logísticos.
“Aceptar la propuesta de realizar la subasta en dos fases aumenta la posibilidad de que un operador independiente ingrese (al puerto) y reduce el riesgo de que un solo operador controle la terminal”, comentó Augusto Nardes, miembro del tribunal del TCU.
En un comunicado, Maersk afirmó que la decisión del TCU desestima estudios técnicos realizados por diferentes organismos del gobierno brasileño, agregando que “reduce significativamente el potencial del proyecto en el mayor puerto de América Latina”.
La empresa filipina International Container Terminal Services, operadora de 33 terminales de contenedores en diversos países, celebró la decisión del TCU.
“Este es un modelo tradicional y ampliamente conocido en el sector de infraestructura, que fomenta la entrada efectiva de un nuevo actor en el Puerto de Santos”, señaló en un comunicado.
Sin embargo, la recomendación del TCU, que permite que el Ministerio de Puertos programe la subasta, no fue unánime.
Benjamin Zymler, miembro del tribunal, defendió un modelo alternativo en el cual el ganador, si ya es operador en Santos, estaría obligado a desinvertir activos.
Excluir a los operadores actuales de la primera fase de la subasta podría vulnerar el principio de competencia en el proceso de licitación, dijo Cristina Machado, fiscal del TCU.
