Por Redacción PortalPortuario
El Tribunal de la Contencioso Administrativo de Uruguay (TPA) desestimó el recurso de Montecon que buscaba anular el reglamento portuario que le da prioridad a Terminal Cuenca del Plata (TCP), lo que fue valorado por Katoen Natie, empresa que controla el 80% del paquete accionario de TCP.
“El fallo es claro en cuanto a confirmar la legalidad y legitimidad de los Decretos impugnados, relativos al Régimen de Gestión de la terminal especializada de contenedores y al Reglamento de Atraque del Puerto de Montevideo, lo que representa una confirmación de la vigencia del Acuerdo KN-ROU y un saludable respaldo al marco jurídico vigente para la operación de contenedores”, comunicó el grupo empresarial multinacional de origen belga.
“El marco que así resulta fortalecido tiene por pilares tanto la prioridad operativa del servicio a buques portacontenedores por parte de la terminal especializada como la potestad del Estado de organizar la actividad portuaria en base a criterios de eficiencia, competitividad y especialización”, agregó.
Asimismo, desde Katoen Natie se subrayó que “la sentencia del TCA ratifica que la actividad portuaria es, desde 1992, una actividad privada de interés público sujeta a un marco regulatorio específico. En su detalle, nos complace informar que la Sentencia ha admitido varias de nuestras alegaciones”.
En adición al concepto de prioridad y concentración operativa del atraque de portacontenedores en la terminal, la empresa reafirmó su respaldo al modelo de gestión portuaria vigente, subrayando que el régimen de administración de la terminal, establecido en 2021, cuenta con plena legalidad.
La compañía también destacó la validez del Reglamento de Atraque aprobado mediante el Decreto N.º 115/021 y la fundamentación razonable de la política portuaria definida por el Poder Ejecutivo. Asimismo, señaló que los títulos legales que permiten el uso de los espacios portuarios mantienen plena vigencia y que la extensión del plazo de la concesión, dispuesta en 2021, se ajusta al marco jurídico correspondiente.
“El TCA dispuso, por lo demás, la anulación de una cláusula del Decreto N.º 114/021, referida a la limitación normativa para la instalación de otras eventuales futuras terminales especializadas, sin que ello afecte la vigencia de la concesión otorgada a TCP, su plazo ni el régimen operativo actualmente en funcionamiento”, amplió Katoen Natie.
“TCP destaca que este pronunciamiento judicial aporta certeza jurídica, consolida el marco regulatorio del Puerto de Montevideo, la vigencia del Acuerdo y reafirma la importancia de la terminal especializada como infraestructura clave para el sistema logístico del país y de la región”, complementó.
“La compañía reitera, por último, su compromiso con la inversión, la mejora continua de la eficiencia operativa, la generación de empleo de calidad y el fortalecimiento de la competitividad del comercio exterior uruguayo, trabajando en coordinación con las autoridades nacionales y con todos los actores del sistema portuario”, concluyó.
