Por Yurik Díaz, exejecutivo portuario, emprendedor y columnista de PortalPortuario
Hace algunas semanas la Fiscalía Nacional Económica interpuso requerimiento en contra de Terminal Pacífico Sur (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio por abuso de posición dominante; abusos explotativos, aprovechando el carácter cautivo de los importadores y exportadores respecto del terminal portuario, lo que implicaría una posición dominante respecto de importadores y exportadores.
De acuerdo a cálculos de la Fiscalía Nacional Económica es posible estimar que estos terminales habrán cobrado, extraído rentas injustificadas, cercanas a USD 60 millones a junio de 2024, que corresponden a cobros efectuados directamente a importadores y exportadores.
La Fiscalía Nacional Económica ha solicitado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre otras: Declarar que las Requeridas han infringido el artículo tercero incisos primero y segundo letra b) del DL 211, al ejecutar las conductas que describe en la presentación; Ordenar a las Requeridas cesar de inmediato en el cobro de las tarifas de seguridad a importadores y exportadores, bajo apercibimiento de ser consideradas como reincidentes; y Multas diferenciadas para los tres terminales que totalizan cerca de 22 millones de dólares.
La Fiscalía Nacional Económica ha justificado un monto de multa mucho menor a los cobros injustificados, como ella los califica, aduciendo que consideró como un factor el que estas taifas, su registro, fueron autorizadas por las respectivas empresas portuarias.
Si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia accede a lo solicitado por la Fiscalía Nacional Económica entonces será importante tener presente y considerar que la multa solicitada es a beneficio fiscal, y especialmente que hay 60 millones de dólares que habrán sido cobrados injustificadamente a importadores y exportadores, respecto de los cuales se debiera reclamar su reintegro a los afectados.
Considerando la atomización de importadores y exportadores quizás quien debiera hacer valer los derechos de los consumidores sea el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) Chile, reclamando el reintegro de los cerca de 60 millones de dólares que, como ya se ha dicho, habrán obedecido a cobros injustificados.
