Por  Dra. Sabah Zrari, Directora del Diplomado “Planificación, Gestión y Gobernanza de las Ciudades Puerto”, Universidad de Santiago de Chile.

El año 2018 termina en la ciudad de Valparaíso con un conflicto laboral particularmente largo, violento, y mediático.

Si bien es un conflicto que, en estricto rigor, opone a actores privados en una relación laboral; está claro, que, por su visibilidad en el espacio público, y sus impactos económicos, políticos y sociales, constituye un problema público que concierne a todos los actores que intervienen en la acción pública: las autoridades, los legisladores y la sociedad civil.

La legitimidad de los trabajadores y de las empresas en tomar una u otra posición no está aquí en cuestión. El foco central de nuestro argumento está en destacar la necesidad de sacar lecciones útiles para las ciudades portuarias y para Chile, que, necesita no solamente de competitividad sino también de cohesión social para llegar a ser un país desarrollado.

Primer punto que destacar: muchos de los factores que gatillaron el conflicto son estructurales y obedecen a factores locales, pero también globales. Por lo que son susceptibles de reproducirse en Valparaíso como en otros puertos, a menos que se tomen decisiones colectivas, oportunas, de corto, mediano y largo plazo.

En el ámbito laboral está el alto porcentaje de trabajadores en situación muy precaria (hasta el 80% de trabajadores eventuales en Valparaíso según algunas fuentes, contra 10% en promedio en los puertos europeos). En lo económico: la disminución del número de turnos producto de las transformaciones de la industria naviera (disminución de las recaladas y automatización de las operaciones, así como de los procesos).

En lo normativo: la ausencia de facultades de la empresa pública para intervenir en las relaciones laborales cuando éstas constituyen un riesgo para el funcionamiento del puerto y de la cadena logística. En lo sindical: las divisiones internas, así como el aflojamiento de la solidaridad entre trabajadores y, por parte de las empresas: estilos de administración en lo laboral que dejaron de funcionar.

En otros términos, son factores de tipo institucional, si se entiende por institución, no solamente las organizaciones, sino también las prácticas formales e informales, las creencias, las culturas y las normas escritas y non escritas.

Algunos de esos factores escapan de la decisión de los actores locales, pero muchos otros sí dependen de ellos y de su racionalidad. A los legisladores les corresponden los cambios normativos que requieren de voluntad y de consenso político. Muchos ya han subrayado la necesidad de reformar la ley de modernización portuaria de 1997 y más globalmente de adoptar una ley general de puertos que integre en un solo sistema los puertos públicos y privados.

A las empresas privadas, les corresponde la modernización de sus prácticas y la adaptación de estilos gerenciales a los cambios societales y generacionales. A los trabajadores por fin, la conciencia de que, en la era de las comunicaciones, ciertas frases y ciertas imágenes quedarán por mucho tiempo en la memoria colectiva, debilitando el apoyo ciudadano que requiere todo movimiento social.

Para terminar, los conflictos son inherentes a la acción humana y reflejan relaciones de fuerza que continúan pesando en la conducta de los individuos y de los grupos. Lo que sí, puede mitigarse son los costos que conllevan para cada una de las partes y para el conjunto. Esto implica racionalidad y solidaridad.

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