Por Redacción PortalPortuario.cl
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El ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, y el Fiscal General de la República, Augusto Aras, firmaron un acuerdo de cooperación para garantizar la logística y el suministro en Brasil durante la pandemia.
El Consejo Nacional de Secretarios de Transporte (Consetrans) y el Consejo Nacional de Procesamientos Públicos (CNMP) también forman parte del acuerdo.
Según el ministro Tarcísio, desde el comienzo de la crisis, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Federal se han alineado en temas legales relacionados con el sector del transporte, como el conflicto de competencias y la competencia de las entidades en el tema de la salud, entre otros.
“Se creó el consejo de secretarios de transporte, donde se debatieron estos temas y llevamos todo el debate al Ministerio Público Federal. Este intercambio de información redujo en gran medida la judicialización y esto garantizó el suministro. En otras palabras, estamos enfrentando la crisis con estantes abastecidos, supermercados abastecidos, con gas de cocción entrando, con combustible entrando y eso fue fundamental”, dijo.
El documento define un plan de trabajo conjunto, con el nombramiento de cuatro representantes de Ministerio de Infraestructura y miembros focales de Consetrans, el Ministerio Público Federal y los Ministerios Públicos locales en todas las unidades de la federación.
Las partes deben otorgar acceso mutuo a cualquier base de datos, informes, diagnósticos y estadísticas que tengan sobre el tema, salvaguardando la información confidencial. Además, los organismos se comprometen a recibir con prioridad las demandas de los miembros principales indicados en el acuerdo para intercambiar conocimientos y experiencias, a través de reuniones, reuniones, visitas técnicas y otros pasos necesarios.
El tratado establece además que la nueva red, enfocada en el sector de infraestructura, trabajará en conjunto con los miembros focales de la Oficina de Monitoreo de Epidemia Integrada Covid-19 (Giac-Covid-19).
El pacto será válido hasta 15 días después de la finalización del estado de emergencia en salud pública de importancia internacional (Espin) por parte del Ministerio de Salud, y puede extenderse, mediante una enmienda, siempre que haya un acuerdo previo entre las partes.
