Por Redacción PortalPortuario.cl
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La Superintendencia de Transporte de Colombia abrió una investigación para seis empresas de transporte terrestre automotor habilitadas en la modalidad de carga, por presuntamente infringir la normatividad que regula las relaciones económicas entre éstas y los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos.
Las empresas investigadas son Transportes de Carga Beltran S.A.S., Transportes Aliance S.A.S, Transporte de Carga Solida y Liquida de Colombia S.A.S., Coltanques S.A.S, Cemex Transportes de Colombia S.A y Operadores Logisticos de Carga S.A.S. OPL CARGA S.A.S.
En la averiguación preliminar se encontró que en algunas operaciones celebradas durante el periodo de pandemia las empresas habrían pagado a los propietarios sólo un 50%, 30%, o incluso sólo un 10% de los costos de referencia.
El superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, manifestó que “estas nuevas investigaciones hacen parte de la campaña que anunció la Superintendencia de Transporte hace menos de un mes, pues el 17 de junio de 2020 la entidad imputó cargos a 10 empresas por presuntamente pagar a los transportadores por debajo de los costos eficientes de operación y además advirtió que daba inicio a una campaña de verificación del cumplimiento de la normatividad en transporte de carga, especialmente sobre las relaciones económicas y cumplimiento de tiempos logísticos”.
Esta campaña de verificación continuará para vigilar que todos los empresarios y los generadores de carga paguen los costos eficientes de operación a los transportadores, indicaron desde la Superintendencia.
Respecto a las sanciones, en caso de ser encontradas responsables, las empresas podrían ser multadas hasta por 700 salarios mínimos legales vigentes.
Además, según indicaron desde el organismo perteneciente al Ministerio de Transporte de Colombia, contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, no procede recurso alguno. En el curso de la investigación administrativa, que se hará con estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados de acuerdo con los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa.
