Por Redacción PortalPortuario.cl

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El Ministerio Público Federal del Brasil (MPF) en el ámbito del caso Lava Jato, en Paraná, inició una acción civil por falta a la probidad contra la naviera Maersk, incluyendo a su subsidiaria LR2 Management, controlada vía Joint Venture con el armador de Dinamarca, Torm, además de sus representantes. De igual modo, el persecutor emprendió contra ex funcionarios de Petrobras, ya que actuaron para beneficiar a la empresa con contratos de fletamiento de naves.

El MPF señaló que dadas las evidencias recolectadas, en el periodo entre julio de 2006 y marzo de 2014, Viggo Andersen, ejecutivo de Maersk en Brasil, acertó comisiones comisiones con la Maersk Internacional que, en el cambio actual equivalen a 44,3 millones de reales, siendo costeadas con 2,5% del valor de los pagos hechos por Petrobras por el fletamiento de naves.

Según el MPF, de acuerdo con las pruebas, el porcentual ajustado por encima de lo que usualmente era practicado por el mercado en la época, tenía como objetivo el traspaso de la mitad del valor; es decir, 1,25% a la empresa Gandra Brokerage, de Wanderley Saraiva Gandra, representante contratado por Maersk, y que fue constituida para intermediar los contratos de fletamiento de la compañía.

La acción propuesta describe aún que la mitad de la cuantía pagada a Gandra Brokerage (0,75%) foi entregada a Paulo Roberto Costa que, por entonces, era director de Abastecimiento de Petrobras a título de ventajas indebidas.

En contrapartida al recibimiento de los dineros, Paulo Roberto Costa aportó a Maersk informaciones privilegiadas sobre las demandas de Petrobras en las áreas de arriendo de naves y practicó otros actores que favorecieron la contratación de la línea por parte de la petrolera brasileña, aseguró el MPF.

De acuerdo al ente persecutor, el esquema resultó en el recibiemiento de ventajas indebidas por parte de Costa por unos 7,2 millones de reales en el valor actual. El monto fue pagado por  Viggo Andersen y Wanderley Gandra.

El ex funcionario Eduardo Autral de Almeida Júnior también es perseguido por estos hechos, porque -según el MPF- cuando ocupó la gerencia general de Transportes Marítimos y la Gerencia Ejecutiva de Logística de la Petrobras, actuó para recibir ventajas indebidas por parte de Paulo Roberto Costa, quien era su superior, mediante la toma de decisiones administrativas deliberadamente perjudiciales para la estatal brasileña que constató esos hechos en su propia investigación interna.

Autran, dijo la fiscalía, también actuó en el desvío de recursos de la petrolera en provecho propio o de Maersk al valerse de su condición de funcionario de la estatal.

El funcionario, por medio de actos onerosos, generó prejuicios millonarios a los cofres de Petrobras. Uno de los hechos fue la contratacón de la nave Maersk Virtue, ya que Autral aplicó una tasa variable que resultó en pagos de arriendo en valores mayores a los que serían cancelados en caso de la aplicación de una tasa fija, causando un perjuicio estimado en 15,2 millones de reales. De la misma forma, el ex funcionario realizó la contratación del Maersk Promise con pagos superiores al precio mercado, lo que significó un costo adicional de 101,8 millones de la divisa brasileña.

Además de Maersk Brasil, el MPF apunta a  Maersk Supply Service Apoio Marítimo, A.P. Moller Maersk A/S e LR2 Management, que son integrantes del mismo grupo económico y son blancos de la demanda por haber sido parte de los actos ilícitos y favorecerse de los recursos desviados de la estatal.

En razón de estos  actos de faltas a la probidad, el MPF requiere que se retornen unos 7,2 millones de reales del patrimonio de Paulo Roberto Costa, además del resarcimiento al erario de 161,4 millones de reales y una indemnización por daños morales y colectivos por 161,4 millones de la moneda local. Asimismo se busca imponer otras sanciones previstas en la Lei de Improbidade Administrativa,  la suspensión de derechos políticos y la prohibición de tener contratos con el Poder Público.

Para asegurar la recomposición de los daños, el MPF requerió que los bienes de los demandados queden “indisponibles” hasta por un valor de 1 billón de reales.