Por Revista Cargo

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Navalria, con sede en Aveiro y propiedad al 100% de Martifer, recibió la aprobación de la Comisión Europea para su patio de reciclaje de buques, en el contexto de la nueva lista de astilleros para estas labores aprobada por Bruselas.

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais – ahora puede realizar procesos de reciclaje de buques en su astillero de Aveiro, siendo la única empresa de este tipo en Portugal.

Según la Comisión Europea, el astillero de Navalria es capaz de reciclar embarcaciones de hasta un máximo de 104 metros de eslora, 6,5 metros de ancho y 6,5 metros de calado. La descontaminación y desmantelamiento de buques en los astilleros de la compañía portuguesa se puede realizar en plano horizontal o inclinado, dependiendo directamente de las dimensiones del buque.

El plano horizontal tiene una capacidad nominal de 700 toneladas, mientras que el plano inclinado tiene una capacidad nominal de 900 toneladas, detalla el diario.

La lista lanzada por la Comisión Europea el 13 de noviembre incluye un conjunto de 42 astilleros autorizados para llevar a cabo la tarea de reciclar buques según la normativa comunitaria, que priorizan la seguridad laboral y el respeto por la sostenibilidad medioambiental.

Cabe señalar que, según la nueva legislación, los armadores internacionales que deseen reciclar buques dentro de la Comunidad deberán asegurarse de que los buques destinados a ser reciclados se encuentren exclusivamente en los astilleros de reciclaje de buques incluidos en esta nueva lista. La ley endurece (cada vez más) a los armadores que no reciclan sus barcos

Hay que recordar que, el pasado mes de septiembre, se publicó en el Diário da República un decreto-ley que establece que los armadores que no envíen buques desguazados para su reciclaje o no tengan a bordo el inventario de materiales peligrosos están sujetos a multas de miles de euros.

La ley establece que los armadores que incumplan con el deber de enviar sus buques a reciclaje incurren en una infracción ambiental considerada como “muy grave”, quedando así expuestos a posibles multas que van desde los 25.000 hasta los 37.500 euros para las personas físicas, pudiendo llegar incluso a los 2,5 millones de euros para las personas jurídicas.

Los armadores que no dispongan de un inventario de materiales peligrosos en el buque pueden ser sancionados con multas de hasta 44.890 euros. Esta ley tiene como objetivo materializar la aplicación de la normativa europea sobre reciclaje de buques.

La fiscalización del cumplimiento de la normativa será de ámbito y competencia de la Direcção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), las Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) y también la Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).