Las autoridades indígenas del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), del sureste de Nicaragua, denunciaron que están recibiendo supuestas presiones para que den su visto bueno al proyecto del canal interoceánico, ejecutado por la firma china HKND Group.

Según lo que consigna El Econoimista, basado en información de la agencia ACAN-Efe, los gobernantes indígenas dicen ser presionados para firmar “un documento, dando el consentimiento libre, previo e informado, del pueblo indígena (…) para realizar en su territorio el megaproyecto”, de acuerdo a la denuncia pública, dada a conocer por el Centro de Asistencia Legal Para Pueblos Indígenas.

En su queja, los indígenas señalan a funcionarios del Ejecutivo y del gobierno de la Región Autónoma Caribe Sur como autores de la imposición.

La Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua está interesada en adquirir unos 263 kilómetros cuadrados de los territorios indígenas rama y kriol, bajo un “contrato de arrendamiento perpetuo”, indica la denuncia.

Los gobernantes indígenas sostienen que la leyes de Nicaragua protegen su territorio de cualquier tipo de separación y de una posible desaparición.

Las autoridades indígenas solicitaron al presidente Daniel Ortega, quien legalizó su territorio entre 2009 y 2010, “que detenga esta violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales”. Asimismo mostraron su temor de ser trasladados a la capital, Managua, “para allí hacerlos firmar”.

La obra canalera consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud por 230 metros a 280 metros de ancho y 26,9 a 30,2 metros de profundidad, que travesaría el sur de Nicaragua de este a oeste, pasando por poblaciones indígenas.

HKND ha asegurado que un máximo de 6.800 familias (27.000 personas) serán reubicadas a causa la construcción del canal, que tardaría cinco años a partir del inicio de sus obras, previsto para fines del presente año.