Por Redacción PortalPortuario.cl/Agencia Télam
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La decisión del Gobierno de Argentina, que encabeza Alberto Fernández, de traspasar la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná a la Administración General de Puertos (AGP) produjo visiones encontradas entre los sectores empresariales, sindicales y político local.
El decreto 427/2021 publicado este jueves 1 de julio en el Boletín Oficial otorgó a la AGP la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la vía navegable por un año, aunque dicho plazo puede ser prorrogado.
Para la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), “la expectativa es que el pliego de la concesión garantice el funcionamiento competitivo y eficiente del sistema. Sin interrupciones, los 365 días del año”.
“Es trascendente, a nivel local, regional y geopolíticamente mejorar la competitividad de nuestro comercio exterior, repotenciando nuestras exportaciones e incrementando el valor agregado de nuestros productos en beneficio de las economías regionales y el desarrollo sustentable de la Nación”, al mismo tiempo que marcó como “fundamental que las eventuales contrataciones se hagan en base de resultados exigidos”, recogió la agencia pública Télam.
Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Daniel Nasini, dijo que la medida “genera preocupación, porque no da certidumbre ni lineamientos de largo plazo que aseguren la continuidad de la vía de navegación más importante que tiene el país”.
En este sentido, marcó que “es imperioso garantizar la continuidad del servicio a corto plazo, especialmente dadas las circunstancias extraordinarias de la bajante histórica del Paraná. Para ello es indispensable que las obras sigan en manos de empresas especializadas en la materia, seleccionadas bajo un riguroso y transparente proceso de licitación”.
“El Estado no tiene ni la experiencia ni la capacidad técnica para realizar estas tareas, pero sí ejercer sus funciones indelegables de control”, concluyó Nasini.
A su turno, el secretario general del Centro de Patrones Marítimos, Fluviales y de Pesca de la República Argentina, Julio González Insfran, sostuvo que “el Estado siempre tuvo el control de la Hidrovía” y que en la actualidad lo que no queda claro es “con qué elementos se hará cargo de la misma”.
“Lo más probable es que AGP se encargue de cobrar el peaje y con es recaudación le pague los servicios de la empresa contratista que está operando ahora. Esa va a ser la estatización de la Hidrovía, porque el Estado no tiene dragas, ni equipamiento suficiente como para hacer el trabajo. Es bastante confuso”, sostuvo González Insfran.
Por su parte, la diputada nacional Fernanda Vallejos, una de las referentes del Grupo 25 de Mayo, subrayó que “la decisión de nuestro gobierno vuelve a colocar al Estado al frente de la gestión sobre el Río Paraná. Es un acto de restauración de la soberanía nacional, inmensamente dañada durante las etapas neoliberales de nuestra historia”.
“Las implicancias, también estratégicas, en relación con la integración y la planificación territorial y del modelo de desarrollo que queremos para la Argentina”, añadió.
