Por Redacción PortalPortuario.cl

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Los portuarios de Arica, agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi) hicieron un llamado a la Convención Constituyente para que intervenga en el conflicto tarifario entre la Empresa Portuaria Arica y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. La entidad sindical espera que los redactores de la futura Constitución chilena impidan que el puerto local sea “entregado a pretensiones bolivianas”.

El conflicto surgió, al igual que en 2019, con la actualización de las las tarifas contenidas en el Manual de Servicios del Puerto de Arica y que, en esta oportunidad, ofrecía descuentos de hasta 38% para 23 servicios que se entregan a la carga de importación boliviana. Sin embargo, pese a este beneficio, la ASP-B no ha suscrito el acuerdo, obligando al cobro de los nuevos valores desde el pasado 5 de agosto a las 00.00 horas.

El presidente de Cotraporchi, Sergio Baeza, confirmó que su gremio presentó una carta a la Comisión Transitoria de Descentralización de la Convención Constituyente, a raíz de que esta instancia iniciará sus reuniones regionales en Arica. La acción fue suscrita por la presidenta del Sindicato de Ultraport, Sandra Baltierra, y el secretario del Sindicato TPA 1, Víctor Ramírez, quienes recurrieron al dirigente nacional para abordar esta problemática.

“A través del alcalde de Arica, hemos hecho llegar una carta donde pedimos que la Convención Constitucional intervenga frente cualquier intento de entregar el Puerto de Arica a las pretensiones de Bolivia. Aquí no se trata de nacionalismos, se trata de que el Puerto de Arica garantice trabajo a los chilenos y goce de estabilidad para su desarrollo futuro. Lo que queremos entonces es que se deje negociar a las empresas regionales y no intervengan los diplomáticos porque aquí nadie está vulnerando la garantía de libre tránsito comprometida en el Tratado de 1904 con Bolivia”, indicó Baeza.

El dirigente de Cotraporchi señaló que “consideramos muy importante el trabajo que está haciendo en regiones la Convención Constitucional. En Arica hay hartos problemas pendientes, donde por los tratados no se pueden hacer miles de cosas. El Puerto es uno de ellos. No puede ser que un organismo extranjero se niegue a pagar las tarifas justas y más encima con descuentos. Los servicios en los puertos deben pagarse, porque con ello se sostienen las empresas, las inversiones y los trabajadores. Se necesita una visión regional de este problema y por eso creemos importante que en la nueva Constitución se considere esta problemática. La guerra pasó hace más de 100 años y no podemos seguir atada a ella”.

Por su parte, la presidenta del Sindicato de Ultraport Arica y vicepresidenta de Cotraporchi, Sandra Baltierra, indicó que desde el año 2019, “se logró un acuerdo con rebajas importantes para la carga boliviana. Así se pudo ordenar el Puerto, ya que antes Bolivia movía su carga cuando quería y provocaba congestión dentro del terminal y en las calles de la ciudad. Ese esfuerzo que hemos hecho no puede tirarse por la borda, ya que ha significado una mayor estabilidad laboral. El respeto al tratado no significa entregar servicios gratis. Aquí hay trabajadores portuarios chilenos que hacen con mucho esmero el despacho de la carga boliviana. Si Bolivia vende esos productos a un precio de mercado, ¿por qué aquí el Estado o una empresa chilena deben subvencionar esa carga extranjera?”.

Asimismo, el secretario del Sindicato de Trabajadores de TPA 1, Víctor Ramírez, advirtió que su gremio ve con preocupación “que Bolivia intente imponer una posición que a todas luces es ganar tiempo para un cambio de gobierno. Ellos sabían hace 6 meses que se les vencía el acuerdo firmado el 2019, así es que nos parece que es una excusa muy rebuscada la petición de contar con más plazo para revisar el tarifario. Ellos conocen cada tarifa y cada servicio porque los usan todos los días. Aquí no hay nada que revisar. El Puerto de Arica es una empresa regional y transparente cuyas tarifas se conocen públicamente. Más bien lo que hay que preguntarse es cuánto recarga la ASP-B a nuestras tarifas y que encarece nuestros servicios, sin que ellos muevan un solo contenedor de los barcos”.

Junto con la carta a la Convención Constitucional, los tres dirigentes se reunieron con el concejal y secretario de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto, Jorge Mollo.

Mollo, en el encuentro, acusó que las concesiones que la diplomacia chilena ha hecho a Bolivia en Arica,“han sido excesivas y han cercenado la posibilidad de desarrollo de nuestra región. Hemos visto con mucha decepción que el Gobierno nada dijo cuando Bolivia decidió suspender la prueba técnica del Ferrocarril de Arica a La Paz en mayo pasado. El tren es un patrimonio histórico y sinónimo de empleo para nuestra ciudad. Hemos escuchado que hay una hoja de ruta que nadie en la región la conoce. Si no nos consideran, al menos déjennos manejar sin ataduras el Puerto y el ferrocarril, porque aquí lo haremos en beneficio de nuestra gente que tanto lo necesita”.

En esa línea, el edil hizo un llamado a la Cancillería de Chile, en especial a la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), “a ayudar a que el proceso sea lo más favorable para la Región de Arica y Parinacota. Aquí no está en juego ningún juicio, ni tampoco ningún compromiso bilateral. No queremos ser una moneda de cambio en una mesa diplomática donde siempre Arica va al sacrificio”.

 “Le pido a las autoridades de la Cancillería que dejen en manos de las empresas regionales esta negociación. No necesitamos tutela de nadie, porque aquí no se está vulnerando ningún tratado internacional. Esta es una negociación comercial que garantizará el futuro de los más de 1.000 trabajadores directos y otros 1.000 indirectos que realizan faenas y servicios al Puerto de Arica. Queremos más cargas para el Puerto porque eso significa más empleo para quienes viven en este territorio fronterizo”, insistió.

“No hay ninguna razón para entregar en bandeja a Arica a los bolivianos. Ellos lucran con su carga y deben pagar el precio justo por su despacho, tal como lo hacen todos los usuarios del Puerto de Arica y tal como se hace en todos los puertos del país. De hecho los exportadores bolivianos lo hacen sin problemas, dado que su carga no la gestiona ASP-B. Así es que no hay tal conflicto de libre tránsito”, enfatizó.