Consuelo Raby es presidenta del directorio de Puertos Talcahuano

La probidad y la transparencia dentro de las empresas públicas es un eje fundamental para lograr un desarrollo sostenible en las organizaciones. Generar y mejorar los mecanismos de monitoreo para evitar y denunciar malas prácticas es un ejercicio que cada año aplicamos en Puertos de Talcahuano, a través de un gobierno corporativo eficiente.

Parte de las buenas prácticas de gobierno corporativo que impulsa el Sistema de Empresas Públicas (SEP) implica la prevención de los delitos que contempla la Ley Nº 20.393. De esta manera, el Modelo de Prevención de Delitos se implementa bajo las disposiciones establecidas en esta ley, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos contemplados en ella, consistiendo en un proceso preventivo y de supervisión.

En Puertos de Talcahuano, entre las herramientas del Modelo de Prevención de Delitos contamos con un Canal de Denuncias y un Código de Conducta y Ética en los Negocios. Además, durante 2020 decidimos certificar el modelo, bajo el encargo de la empresa ICR, obteniendo la certificación sin observaciones por dos años.

A pesar de que la implementación y certificación del modelo del delito es voluntaria, quisimos aplicarla para medir nuestras acciones y seguir promoviendo el rubro logístico portuario desde una perspectiva transparente y sostenible. También nos hemos encargado de difundir el modelo y capacitar a trabajadoras y trabajadores.

Frente a esto nace la importancia de relevar la transparencia y la prevención de delitos dentro de las empresas del Estado, especialmente en las públicas ya que éstas manejan recursos de todos los chilenos, donde los funcionarios deben ser intachables y confiables para cumplir con sus labores y las metas de la organización.