Por Redacción PortalPortuario.cl
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que no existe justificación para eliminar o alzar totalmente la restricción de 40% a la integración vertical para la concesionaria del frente de atraque del Puerto de San Vicente, establecida por la Comisión Preventiva Central en el Dictamen Nº 1.045 de 1998.
Este tema está siendo analizado por el Tribunal tras una solicitud presentada en abril de este año por la Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente (EPTSV), para que el TDLC autorice o levante totalmente, o en subsidio, de forma parcial, dicha restricción.
Tras analizar las actuales condiciones de competencia existentes en la Región del Bio Bio, la FNE planteó en un informe entregado al TDLC que se mantienen los fundamentos considerados en el Dictamen Nº 1.045 para establecer la restricción vertical, por la existencia de riesgos unilaterales derivados de los vínculos entre la naviera relacionada, Hapag-Lloyd, y la empresa accionista del concesionario (SAAM Puertos S.A.) y que no se observan eficiencias adicionales que puedan compensar estos riesgos.
El documento, elaborado por la División Antimonopolios de la FNE, señala también que se identifican potenciales efectos positivos y no se observan riesgos adicionales para la libre competencia en caso de que se considere aumentar el umbral de integración vertical de 40% a 50%.
De acuerdo a la FNE, esto permitiría tanto a San Vicente Terminal Internacional (SVTI) como a Hapag-Lloyd competir más intensamente en sus respectivos mercados, sin que se genere una obligación de desinversión para SAAM Puertos S.A.
La FNE también advierte que si estableciera un límite superior a 50%, se incrementarían los riesgos tanto si SAAM Puertos S.A. aumentase su actual participación en la propiedad de SVTI o si otro usuario relevante ingresara como accionista minoritario a la concesionaria.
El informe de la FNE también da cuenta de las dificultades que presenta EPTSV para fiscalizar adecuadamente a SVTI, por lo que considera necesario establecer resguardos complementarios suficientemente robustos y fiscalizables para mejorar la capacidad de acceder a información desagregada y fidedigna que permita detectar conductas anticompetitivas.
