Por Joaquín Torres Tagle
@PortalPortuario
Un conjunto de organizaciones sociales solicitaron mediante un escrito a la nueva presidenta del Puerto de San Antonio, Sally Bendersky, retirar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Puerto Exterior, para así ” iniciar un proceso de diálogo amplio con la sociedad civil que permita ponderar de forma adecuada sus impactos”, principalmente en los Ojos de Mar o Lagunas de Lloleo.
La misiva fue firmada por la Fundación Cosmos; ONG Ojos de Mar; Asociación Indígena Calaucán; Diego Luna Quevedo, especialista en conservación de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras; Ivo Tejeda, director ejecutivo de la red de observadores de aves y vida silvestre; junto a la doctora en ciencias biológicas Carmen Espoz, decana de la facultad de ciencias de la Universidad Santo Tomás.
En la carta, los solicitantes argumentan que se debería retirar el EIA “a la luz de las graves falencias técnicas y jurídicas, omisiones y ausencia de información relevante y esencial que presenta su línea base socioambiental, constatados por más de 20 organismos estatales con competencia ambiental en el informe consolidado de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones (ICSARA), como en las más de 3.000 observaciones ciudadanas registradas durante el proceso de consulta”.
Los firmantes agregaron que “en un contexto de triple emergencia ambiental en que la infraestructura verde como los humedales son fundamentales para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, no es posible concebir hoy un proyecto de tal magnitud sin presentar los antecedentes mínimos para una evaluación ambiental responsable que dé cuenta de su real impacto en un ecosistema tan importante como el santuario de la naturaleza humedal Río Maipo y Lagunas de Llolleo”.
“Es por esa razón que solicitamos el retiro del EIA del proyecto -actualmente en evaluación ambiental en el servicio de evaluación ambiental (SEA)- e invitamos al directorio de EPSA a iniciar un diálogo amplio con los distintos actores en el territorio, con base en información actualizada y completa del impacto que provocará su construcción y operación. Entendemos que solo así el proyecto dará garantías de un desarrollo portuario sostenible, evitando su probable judicialización”, concluyeron las organizaciones sociales que adhirieron al documento.
