Mediante una declaración pública, la Coordinadora de Defensa de Ciudades Puertos entregó su posición respecto del fallo de la Corte Suprema – en relación al Mall Barón – y del Informe de Impacto Patrimonial, realizado por el consultor colombiano, Juan Luis Isaza. La organización frente a ambos proyectos acusó “falta de rigurosidad” en la entrega de permisos.
En este sentido, la entidad señala que “como es de público conocimiento, esta Coordinadora y sus gremios se han pronunciado en contra del proyecto Puerto Barón, no solo por su localización sino que también por la falta de rigurosidad con que la Dirección de Obras del municipio ha otorgado los permisos. Procedimientos que -según la Ilustrísima Corte Suprema- deberán ser aclarados por la corte local, la que deberá pronunciarse respecto al fondo. Asimismo, la Contraloría Regional ha considerado apartada de la legitimidad, la modificación del permiso Nª 79/2013, contraviniendo los comentarios emitidos por el alcalde de la ciudad, gobernadores e intendentes del anterior y actual gobierno”.
“Por otra parte es de conocimiento público que la postura de la Coordinadora no ha sido unánime respecto del terminal Nª2 y que nuestra posición ha sido conocer las diferentes posturas de otros gremios profesionales, teniendo siempre como norte priorizar la necesidad de contar con un nuevo puerto que revitalice la actividad portuaria de esta ciudad”, agrega.
Asimismo, el gremio encabezado por José Eguido, señala que “dado este escenario, nos parece poco serio que a esta altura nos enteremos que la licitación ganada por OHL, cause el impacto en el sitio patrimonial que a decir del informe, éste sería permanente y no existe compensación o mitigación, que aminore el impacto negativo. Impacto que no solo se produce en el ámbito patrimonial, si no que en toda la cadena logística del comercio exterior en la región y en el país, ya que no podemos dimensionar el daño y el atraso en la implementación de estas obras portuarias que son vitales para el desarrollo de este puerto”.
“Estimamos que no es hora de buscar culpables, sino al revés. Es hora de encontrar una salida que no se contraponga a los dictámenes judiciales ni afecte el patrimonio de la ciudad, discusiones o “caza de brujas”. Ahora solo van a seguir entorpeciendo y dilatando las legítimas aspiraciones de una ciudad que necesita prosperar y recuperar el sitial que – incluso – dio pie a la frase que nos identificó y repetíamos con orgullo; Valparaiso primero siempre”, puntualiza.
“Por ultimo plantear que los proyectos que la estatal portuaria diseñe, deberán pasar por la consulta de quienes movemos el comercio internacional y por la comunidad organizada. Y en segundo lugar, que toda intervención se ajuste a las leyes y normas que la República se ha dado en sus 200 años de vida”, cierra el documento.
