APM Terminals pagará al Estado de Guatemala USD 43,2 millones como concepto de reparación civil producto de las irregularidades detectadas en la concesión del Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Por otra parte, la firma de capitales holandeses, acordó anular el primer contrato y suscribir un nuevo acuerdo de concesión el cual deberá ser sometido a la aprobación del Congreso.
Mediante un comunicado APM Terminals se mostró a favor de la propuesta realizada por el interventor Alejandro Aizenstatd.
“En mi calidad de interventor lo que emití fue únicamente mi sugerencia, ahora será la Procuraduría General de la Nación quien deba emitir la respuesta oficial de parte del Estado de Guatemala ya que sin ella no hay acuerdo alguno”, señaló Aizenstatd mediante un comunicado.
En la comunicación, “APM acepta la anulación voluntaria del contrato de usufructo oneroso y que éste se cambie a una concesión la cual deberá ser aprobada por el Congreso de la República. La nueva firma, debería hacerse por un plazo de 21 años y al terminarse todo el equipo de TCQ pasaría a ser propiedad del Estado”.
Asimismo, “APM Terminals espera que las autoridades acepten los términos de la propuesta y puedan alcanzar un acuerdo para comenzar a operar esa necesaria y moderna terminal, importante para el crecimiento económico y la competitividad”, señaló el comunicado firmado por la vicepresidenta de la compañía Susanne Marston.
Antecedentes
Según señala el gobierno de Guatemala en su sitio web, la ampliación del puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), los que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
En este caso fueron involucrados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig ) el expresidente Otto Pérez molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva por otro caso de corrupción aduanera, conocido como “La Línea”.
Según la investigación, TCQ pagó unos 30 millones de dólares para lograr la ampliación de Puerto Quetzal, de los que 24,5 estaban destinados a los socios locales, 5 a unos socios argentinos y 500.000 dólares para gastos.
