La Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP) pide terminar con una serie de normas “infralegales restrictivas” bajadas después de la Ley de Puertos de 2013 que, a juicio del gremio, traban o dificultan las inversiones en puertos de uso privado (Tups) y en terminales de uso público o concesionados.
Una de las medidas criticadas es una norma que prohibe que un Tup localizado dentro de un puerto público pueda expandir su área y limita en 25% ese crecimiento fuera de un complejo público.
Para los arrendamientos, la ABTP pide la reducción de la burocracia al que se ven sometidas las empresas para hacer las renovaciones anticipadas de los contratos.
La entidad quiere el reconocimiento por parte del Gobierno que el servicio portuario sea “actividad económica regulada” y no “servicio público”.
