APM Terminals pagó al Estado de Guatemala 32,7 millones de dólares en concepto de reparación civil, debido a que su filial Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) es el eje de una trama de corrupción millonaria.
En un comunicado, replicado por la agencia Efe, la entidad indicó que esta trasferencia se realizó esta semana y que corresponde al acuerdo establecido en el Memorándum de Entendimiento firmado con el Gobierno de Guatemala, en el que se recogía un pago de 43,2 millones de dólares.
Las cláusulas señalaban que en los primeros 15 días después de la rúbrica del documento, que se produjo el pasado 13 de septiembre, APM debía hacer este primer depósito, que estará disponible desde que el Congreso apruebe el acuerdo de concesión, que aún está pendiente de ser conocido por el pleno.
Los 10,5 millones de dólares restantes se pagarán durante el periodo de vigencia de la concesión pendiente de aprobación en forma “de una inversión” a través de proyectos de desarrollo social para el mejoramiento de comunidades aledañas a la terminal, ubicada en el departamento de Escuintla, en materia de salud o educación.
APM Terminals es dueña del 85 por ciento de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 por ciento es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.
La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), los que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
Este es el eje de una trama de corrupción supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes exigían el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para la adjudicación del proyecto, de los que 24,5 estaban destinados a los socios locales (entre ellos los dos exfuncionarios), a unos socios argentinos y 500.000 dólares para gastos.
“Al hacer el depósito acordado, estamos demostrando nuestro compromiso al país y nuestro deseo de asegurar el futuro del puerto”, declaró la vicepresidenta de APM Terminals, Susanne Marston, en referencia al acuerdo, donde se establecía una ruta legal para la anulación del contrato de usufructo oneroso.
Este será reemplazado, a través de una iniciativa de ley, para permitir que EPQ pueda otorgar una concesión directa a TCQ, pero el Congreso de Guatemala, de quien dependía la aprobación final de todos estos puntos, aún no lo ha conocido en pleno.
Según APM, TCQ es una infraestructura portuaria “moderna” e “importante” para la competitividad y el crecimiento económico de Guatemala, pues representará un aumento de la capacidad total anual de contenedores del 27 %.
Cuando esté terminada, tendrá capacidad para manejar 340.000 TEUs (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies, y que representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo).
IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes y en 2014 y 2015 otorgó un crédito de 61,3 millones de dólares a TCQ, además de una inversión de capital adicional de 7,7 millones.
