El Comité Cívico Interinstitucional de Manta impugnó el proceso de concesión del puerto marítimo e invocó su nulidad.
En una carta con fecha 24 de octubre del 2016, Lucía Fernández, coordinadora del comité, sostiene que se omitieron disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en su trámite.
Fernández explica -según publicó El Comercio- que se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, a la Participación ciudadana, la Ley del Desarrollo del Puerto de Manta y la Ley de Incentivos a la asociación público-privada.
El concurso actualmente ya está en su tercera fase, que es la evaluación técnica de la oferta económica de la empresa chilena Agencias Universales S.A. (Agunsa), la única que presentó propuesta hasta el 7 de octubre pasado.
Lucía Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, junto con otros dirigentes empresariales han cuestionado el proceso y solicitaron al Gobierno que se ampliaran los plazos para que participaran más firmas interesadas.
Según la carta la dirigente gremial, impugna el proceso por “violar el derecho a la seguridad jurídica garantizado en el At. 82 de la Constitución al modificarse los pliegos por reiteradas ocasiones, provocando prórrogas de los plazos y cambio de reglas establecidas, hechas públicas y aceptadas por el oferente”.
El documento está dirigido a Miguel Ángel García, gerente de la Autoridad Portuaria de Manta (APM). Fernández solicita que se absuelvan sus observaciones al concurso, particularmente al informe de la comisión y a la resolución “de su gerencia sobre la calificación del oferente Agencias Universales S.A.”.
El 13 de octubre García firmó una resolución que habilita a Agunsa para la siguiente fase del concurso de delegación de la operación del puerto de Manta. Mientras, el cronograma fijado por el comité técnico establecía que la calificación de oferentes y la resolución de impugnaciones se debía realizar el 20 y 21 de octubre, respectivamente.
La apertura del sobre de la oferta técnica ya se hizo el 14 octubre, siete días antes de lo previsto en el cronograma. Según García, los plazos se han acortado porque en la fase anterior sobre elegibilidad del oferente, “no hubo observaciones de forma y la comisión técnica emitió el informe”.
Luego, Agunsa no impugnó y se allanó a dicho informe, así se emitió la habilitación para la siguiente fase. “Como el oferente no tiene nada que impugnar se allanó al informe y redujo el tiempo”, explica García. Además, como Agunsa es la única participante y no hay otro competidor en el proceso no ha tenido impugnaciones.
El gerente de la APM aclara que en un proceso de contratación pública los únicos que pueden impugnar son los que participan en el concurso, en este caso es solo Agunsa. Añadió que la impugnación de Fernández está siendo analizada por el departamento jurídico, pero prefirió no adelantar criterios.
La oferta económica de Agunsa está actualmente en la fase de evaluación de requisitos técnicos en la subcomisión que luego pasará a la comisión técnica, cuyo informe estaría listo la próxima semana. Al ritmo que va el concurso, la fecha de suscripción del contrato prevista para el 14 de diciembre “puede ser” que se adelante, según García, aunque prefirió no darlo por sentado.
