Por Luis Alberto Zanela, T21

El Senado de México aprobó  en general y en lo particular el “Decreto por el que se Modifican, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos”, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en marzo pasado, el cual consiste en transferir funciones de las Capitanías de Puerto, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la de Marina-Armada de México (Semar).

Durante la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda en el Senado, a convocatoria de Javier Lozano Alarcón (PAN), los integrantes de dichas comisiones votaron a favor del dictamen casi por unanimidad, dado que solo un integrante de la primera comisión manifestó su abstención. De esta forma, la iniciativa fue turnada a la Mesa Directiva para los efectos legales correspondientes.

Javier Lozano expresó durante la discusión que la finalidad de la misma y de someter el dictamen a votación fue para dar certidumbre a las actividades de la Semar en los puertos bajo un marco jurídico adecuado, además de dejar claro que “queda intocable el asunto comercial, de negocios, y de la operación de las API (Administraciones Portuarias Integrales).

Aunque no se organizó el foro de consulta convocando a los marinos mercantes del país como el mismo Javier Lozano lo planteó al ser turnada la iniciativa a la Comisión que preside, el senador argumentó que es un dictamen “ampliamente revisado y analizado” desde el pasado marzo, por lo que confió que no habrá ninguna acción de inconstitucionalidad que lo apele y, de ser así, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva.

Asimismo, el legislador mencionó que se creará, dentro de la Subsecretaría de Marina de la Semar, la Dirección General de Asuntos Marítimos que deberá liderar a las Capitanías de Puerto, con la finalidad de no intervenir en las actividades comerciales que se realizan en los puertos.

Por su parte, el Senador Miguel Barbosa Huerta (PRD), externó su preocupación por la constitucionalidad de las reformas planteadas en términos del Artículo 129 de la Carta Magna, aunque su voto fue a favor del dictamen.

Es una reforma importante. Voy a votar a favor; el Grupo Parlamentario del PRD va a votar a favor, pero nos preocupa su constitucionalidad, nos preocupa su constitucionalidad. El 129 constitucional tendría que haber una reflexión de aquí a que llegue al pleno, pero vamos a votar a favor porque creemos que es una evolución también en este tema de los puertos, de las capitanías. Tengo todo un análisis argumentativo al respecto, pero solamente les expreso mi preocupación sobre la constitucionalidad, no sobre la conveniencia de la reforma”, dijo.

Con Miguel Barbosa estuvo de acuerdo en esta reunión el Senador Manuel Cárdenas Fonseca (Panal), quien detalló que se deberá precisar a detalle en las reformas, mediante argumentativa jurídica, el por qué no se violenta el artículo 129 constitucional.

Dicho artículo, el cual ha sido utilizado como estandarte por los marinos mercantes del país para objetar la constitucionalidad de las reformas, establece que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Bajo este escenario, diferentes agrupaciones de marinos mercantes como el Frente Unido de Marinos Mercantes (Fumac), filial de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (Untrac) e integrado por la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas, la Orden de Capitanías y Pilotos Navales, el Colegio de Marinos de Veracruz, los Empresarios Marítimos Portuarios y el Sindicato de Radio Operadores, han manifestado su rechazo a la iniciativa que dará a la Semar el control de las Capitanías de Puerto, e incluso han amagado con cerrarlas.

Así, durante esta reunión de las comisiones en el Senado, Ismael Hernández Deras (PRI) se manifestó a favor del dictamen toda vez que “hoy tenemos en diferentes zonas como los puertos, las aduanas, que tienen la necesidad de la participación del ejército por la cantidad de recursos y mercancías de personas que pasan por ahí todos los días”, dijo.

El análisis es para proponer un marco jurídico que de específico de dónde y hasta dónde la participación del ejército o marina en los puertos, precisamente porque hablamos de un tema en el que el país tiene una gran cantidad de movimiento y conexión con el mundo, para nosotros en el PRI el tema del comercio y seguridad de puertos es importante, sin duda esa realidad de los puertos, esos riesgos que existen, se tendrán que adaptar a un marco jurídico, nosotros respondemos a una necesidad que existe en esa realidad y en la que estamos actuando con mucha responsabilidad y respeto a la constitución, pero con responsabilidad en la realidad que existe día con día en las capitanías”, agregó.

Además, enfatizó en que la Semar es una institución que da tranquilidad y seguridad y “por supuesto nos importa su participación con un marco jurídico que les permita participar con toda tranquilidad a las actividades sustantivas de los puertos”.

En ese sentido, Hernández Deras puso como ejemplo la participación de la Semar en la titularidad de las API de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, donde, desde su perspectiva, “no se ha tenido intervención en asuntos civiles ni comerciales”.

Casi por unanimidad en la discusión, los senadores integrantes de las comisiones reunidas en el Senado señalaron que la reforma es conveniente, por lo que no hubo reserva de artículos y el dictamen de la propuesta presidencial fue aprobado para que las Capitanías de Puerto se integren a la Semar.

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