Redacción PortalPortuario.cl
El International Transport Forum (ITF) de la OCDE sugirió ampliar el mandato de las autoridades portuarias más allá de su “actual función de administrar, explotar, desarrollar y conservar los puertos, a fin de incluir opciones de transporte fluidas y eficientes para los importadores y exportadores, impulsar el desarrollo económico regional y hacerlo con un impacto mínimo en el medio ambiente y en la población urbano”.
Según los expertos que desarrollaron el informe los elementos anteriormente reseñados “son considerados cada vez más esenciales para las autoridades portuarias, muchas de las cuales están traspasando sus roles tradicionales de terrateniente en roles más empresariales y comunitarios”.
Asimismo, el documento “Ports Policy Review of Chile” señala que este cambio está en línea con los mandatos descritos en las Directrices de la OCDE para Empresas Estatales. La ampliación del mandato de las autoridades portuarias significaría una modificación del artículo 4 de la ley N° 19 542, que define el objeto de las empresas portuarias.
El ITF argumenta que “si se ampliara el mandato de la autoridad portuaria los administradores portuarios se evalúen en un conjunto más amplio de indicadores, como los tiempos de espera en las puertas de embarque, los impactos económicos y ambientales, siempre que éstos estén bajo control o influencia de la autoridad portuaria. Sería esencial que se cancelara la responsabilidad personal de los gestores portuarios, con el fin de estimular la toma de riesgos e innovaciones. Esto requeriría la adaptación del artículo 7 de la ley N° 19 542″ (Las empresas podrán realizar su objeto directamente o a través de terceros).
Por otra parte, el ITF señala que “debe realizarse un estudio anual sobre el impacto económico de los puertos en Chile, tanto públicos como privados, lo cual ayudaría a aclarar los impactos económicos de los puertos en Chile y evaluar el desarrollo del valor agregado y del empleo relacionados con los puertos”.
En este sentido, analiza el informe, “se debería otorgar más autonomía financiera y permitir mantener una mayor proporción de sus ingresos netos si éstos se vuelven a invertir en proyectos relacionados; Esto podría proporcionar más incentivos para aumentar su atractivo y, por lo tanto, su potencial de ingresos. Debería facilitarse la inversión de los puertos en zonas situadas fuera de la zona portuaria, por ejemplo en puertos secos o en transporte hinterland. Esto significa que los requisitos de que las extensiones portuarias deben tener lugar adyacente al puerto existente y que los puertos secos sólo pueden establecerse en el mismo municipio, deben ser cancelados”.
Agrega que “los puertos también deberían tener mayor libertad para determinar el número de personal necesario para cumplir con su responsabilidad como gerente de la cadena de suministro. Además, los puertos deben ser capaces de crear filiales que puedan dedicarse al desarrollo de puertos secos u otras actividades que diversifiquen su cartera, en una línea similar a la del Puerto de Barcelona“.
Finalmente, el ITF apunta que dicha modernización debería traer cambios en las concesiones portuarias.
“El aumento del mandato social de los puertos también debería traducirse en sus concesiones con los operadores de terminales privados. Los criterios de licitación y concesión de nuevas concesiones podrían incluir un conjunto más amplio de indicadores, entre los que se incluyen las reducciones de emisiones, los desplazamientos modales del transporte del hinterland y la eficiencia energética, siguiendo los procedimientos del Maasvlakte 2 en el Puerto de Rotterdam Tales criterios no están incluidos en los contratos de concesión actuales, por lo que no tienen prioridad para el operador del terminal”, concluye el documento.
